La banca pública en tiempos de cólera

En estos tiempos de turbulencias financieras, con intervenciones, inyecciones de capital, nacionalización de entidades y dificultades de financiación de las empresas, ha vuelto a planear la figura de la banca pública en España. Se han sucedido pronunciamientos y debates sobre el papel que debe jugar en la crisis y ha habido voces cualificadas dentro de las filas parlamentarias (y no parlamentarias) del PSOE que han reclamado un papel más activo del Estado, llegando incluso a reclamar su reactivación.

A estas alturas, la idea de resucitar los antiguos bancos de crédito estatales (Banco de Crédito Industrial, Banco de Crédito Local, Banco de Crédito Agrícola y Banco Hipotecario, entre otros) está totalmente descartada con sus características anteriores. Aquel modelo de banca, que fue privatizada dentro de Argentaria por el Gobierno socialista de Felipe González bajo la dirección de Francisco Luzón, y de los que sólo quedó el Instituto de Crédito Oficial (ICO) como una agencia estatal, se considera algo periclitado y fuera de lugar que, entre otras cosas, costaría mucho volver a poner en marcha.

Pero el debate -los banqueros no han dejado de hablar del ICO en sus reuniones mantenidas con el Gobierno- ha tomado cuerpo y aterrizado en el Ministerio de Economía, donde el titular, Pedro Solbes, y el secretario de Estado, David Vegara, han mantenido reuniones con expertos y banqueros para sondear su opinión y estudiar todas las posibilidades, entre ellos, con el citado Luzón. El hoy consejero y director general del

Banco Santander se muestra partidario de reforzar la capacidad financiera del ICO en el sentido de contar con fuertes líneas de financiación de grandes sectores. Es decir, un funcionamiento similar al de los bancos de inversión con un personal muy cualificado y trabajando como complemento de la banca privada. El mejor modelo es la entidad estatal brasileña BNDS, quizá porque no tiene las limitaciones de ayudas públicas que tienen los países de la UE.

En esas directrices parece enmarcarse el diseño del que habla el presidente del organismo, Aurelio Martínez, cuando dice que el papel del ICO se debe centrar en lo que llama banca de segundo escalón, es decir, en la que se diseña un producto, se publicita y cuenta con la colaboración, o la complicidad, de las entidades financieras para distribuirlo. En definitiva, ponerse a disposición de la banca.

También hay otros puntos de vista no necesariamente contrarios al anterior, pero sí complementarios. El problema no es tener banca pública, sino tener instrumentos eficientes para hacer frente a problemas de financiación, como suele apuntar desde su condición de experto Julio Rodríguez, quien fuera presidente del Banco Hipotecario. Bajo esa prédica se considera que el Estado tiene las armas precisas a través de los diferentes organismos con responsabilidad de cobertura financiera, entre los que están el citado ICO; el Consorcio de Seguros, en el campo de las aseguradoras; el Instituto de Comercio Exterior (Icex), que se centra en la exportación, o la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), que centra su actividad en dar cobertura al riesgo asumido por las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) con las pymes.

Y lo prioritario, según las primeras conclusiones que se manejan, es la coordinación de esos organismos a través de una comisión interministerial o algo de hechura similar que sirva de vasos comunicantes, que tradicionalmente ha faltado entre ellos. Evidentemente, esta solución va más allá del papel que juega el ICO, que se ha convertido, probablemente sin querer, en un arma política del Gobierno para solucionar los problemas de financiación.

El vigor que ha alcanzado la banca pública y el papel del Estado proviene de los procesos de recapitalización de bancos por parte de algunos Gobiernos como el Reino Unido, Islandia, Holanda e incluso EE UU. El problema que se cierne con estas intervenciones es que, como dijo Luzón el miércoles en una intervención en la Universidad de Deusto, "corrompa la competencia y genere asimetrías regulatorias con los accionistas privados". Y lo que sería peor, "hay que evitar que se aproveche la presencia temporal del Estado para cumplir objetivos parabancarios o si se usa la crisis para recrear una permanente banca pública". -