El cambio en Galicia pende de un hilo

Emilio Pérez Touriño se cansó de repetir el pasado otoño -y todo el mundo estaba de acuerdo con él- que una coincidencia de las elecciones gallegas y las vascas sacaría la contienda por la Xunta de Galicia fuera del foco de atención nacional. El presidente gallego eligió el 1 de marzo en la certeza de que el lehendakari dejaría sus comicios para unas semanas más tarde. Pero Ibarretxe se la jugó. Y -primera paradoja- el efecto fue el contrario del que preveían Touriño y la mayoría de analistas. La batalla en Galicia ha adquirido una dimensión para el conjunto de España sorprendentemente mayor que la vasca. Así lo entendieron los dos grandes partidos, que se han empleado a fondo: el aparato federal del PSOE y el núcleo dirigente del PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, se han pasado casi toda la campaña en Galicia.

La batalla más complicada para los populares es la de Ourense

Socialistas y BNG creen que los insultos de final de campaña les benefician

La segunda paradoja es que, mientras la atención de la política española se volcaba en su comunidad, los propios gallegos han seguido el pulso con bastante indiferencia. La campaña empezó mortecina y acabó con el ventilador esparciendo basura a los cuatros vientos. La primera semana, los dos partidos que gobiernan la Xunta, PSdeG-PSOE y Bloque Nacionalista Galego (BNG), tuvieron serios problemas para llenar sus mítines, mientras las encuestas detectaban que la marea estaba creciendo en las filas populares.

El plantón del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al debate con Touriño y el nacionalista Anxo Quintana contribuyó a mantener la temperatura baja. En la segunda semana, sin embargo, conforme el PP subía el tono de sus acusaciones, la militancia socialista y nacionalista empezó a desperezarse. Como ya advertían al principio de la campaña, los dos socios de la Xunta se enfrentan al peligro abstencionista.

En 2005, la izquierda y el nacionalismo arrebataron el poder a Fraga por los pelos -el PP logró 37 diputados, uno menos que la mayoría absoluta- con un récord histórico de participación, el 67% (tras el recuento de la emigración, bajó al 64%). Eran momentos de movilización progresista, después de dos años en los que se encadenaron las reacciones ciudadanas a la catástrofe del Prestige y a la guerra de Irak. Hoy estamos en plena crisis económica. Y todas las encuestas apuntan a que una parte del electorado de los dos partidos en el poder no encuentra muchos estímulos para acercarse a las urnas. Tal vez, calculan los analistas de PSdeG y BNG, los puedan hallar en la inusitada ferocidad de los ataques del PP durante la última semana.

Las encuestas son, por lo general, poco fiables para predecir el grado de participación. La mayoría, en todo caso, calcula que la abstención subirá entre tres y cuatro puntos porcentuales. Si se mantiene en esos límites, puede bastarle a Touriño y a Quintana para retener la Xunta. Por encima de ese umbral, los estrategas electorales calculan que aumentan mucho las posibilidades de Feijóo. Con una baja participación, el PP estaría en condiciones de alcanzar la mayoría absoluta incluso con menos apoyo que cuando Fraga perdió el poder.

Están llamados a las urnas 2,6 millones de ciudadanos -335.000 de ellos, el 12,7%, residentes en el extranjero- y unos pocos miles de votos pueden decidir la balanza.

El PP tiene que defender primero dos escaños muy amenazados en Lugo y Ourense, las provincias más rurales y en las que más desgaste ha sufrido en los últimos años el partido de Rajoy. Especialmente complicada para los populares está la batalla de Ourense, donde cerraron la campaña, el pasado viernes, Feijóo y su líder nacional, y donde los socialistas ya lograron ganar un diputado en las últimas elecciones generales.

La tensión en esa provincia está a flor de piel y ayer siguió disparándose ante una desconcertante decisión de algunas juntas electorales de zona, que enviaron a los presidentes de las mesas instrucciones en las que dejan en sus manos la decisión de dar o no por válidas las papeletas con tachaduras. Hace dos semanas, el PP había preguntado a la Junta Electoral gallega si se podían contabilizar los votos con el nombre de algunos de los candidatos borrado. Los populares temían tachaduras sobre el cabeza de lista que aún figura en su papeleta, Luis Carrera, que renunció antes de la campaña cuando la Cadena SER iba a revelar que había ingresado un cobro de 240.000 euros en una cuenta en el paraíso fiscal de Islas Caimán. Entonces, la Junta Electoral Gallega dejó claro que la ley obliga a anular las papeletas con tachaduras. A esa controversia, en plena jornada de reflexión, se añadió la denuncia de un militante del BNG agredido por el teniente de alcalde del PP en la pequeña localidad de Muiños.

Si el PP consigue retener los escaños de Ourense y Lugo, sus opciones pasan por ganar dos en A Coruña y Pontevedra, las circunscripciones más urbanas, en las que la izquierda tiene mayor implantación pero también menor margen de crecimiento. En esas dos provincias podría haber reajustes en el reparto entre socialistas y nacionalistas, que tendrían su importancia, en caso de reeditarse el bipartito, al afectar al equilibrio de poder en la Xunta.

Como ya ocurrió en 2005, un desenlace muy apretado impediría dar por definitivo el resultado electoral hasta dentro de una semana, cuando acaben de llegar los votos del extranjero, especialmente de América.