El pleno de la cornisa (de Las Vistillas)

Al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón le esperaban en la plaza de la Villa unos 70 vecinos. Desde las nueve y media de la mañana se plantaron con pancartas del calibre de "Clero y Gallardón roban un montón", "Vaticano dos en Madrid no", "Las calles y los parques son nuestros, ¿por qué no nos preguntan?". Lo adornaron con una melodía incesante de pitos y gritos para volver a decir que no quieren un Vaticano en la cornisa del parque de Las Vistillas. Que aunque el pleno municipal que se celebró ayer fuera a aprobar el plan parcial que permitirá al arzobispado construir un edificio de oficinas de 14.000 metros cuadrados y una biblioteca de 6.000, seguirán protestando y esperando a que prospere el recurso que, con IU, han puesto en los tribunales.

Y con ese ritmo de la calle comenzó el pleno, que durante la discusión del punto que afectaba a ese tema se vio interrumpido en dos ocasiones por los gritos de una vecina: "¡No queremos cemento en la cornisa!". Pero las mayorías tienen eso -"la voluntad democrática del pleno", lo definió Gallardón-, y el proyecto sigue adelante.

Ése fue el punto más polémico de ayer, pero hubo más.

- Tiendas en pequeño. Quedó aprobada la nueva ordenanza de quioscos. Una norma que dejará a los vendedores de prensa ampliar su oferta para sortear la crisis del sector. La nueva ordenanza permitirá incrementar el tamaño de los quioscos y regular el catálogo de productos que podrán venderse en estos puntos. Ahora la oferta incluirá papelería, planos y guías de la ciudad, refrescos e incluso lotería.

- Que Aguirre pague las competencias de la Comunidad que asume el Ayuntamiento. Ni con esas se pusieron de acuerdo ayer PP y PSOE. Los socialistas habían pedido que el Ayuntamiento instara a la Comunidad a crear un fondo económico como el del Estado y como el que tiene la Junta de Andalucía. Pero el PP, cosa rara, quiso ir más allá y propuso pedir a Aguirre, en palabras del concejal de Hacienda, Juan Bravo, "un sueldo para toda la vida". Es decir, que la Comunidad asuma el coste de las competencias impropias que presta el Ayuntamiento y que rondarían los 1.200 millones anuales. Sin embargo, el Consistorio se conformaría con recibir un tercio de ese importe, ya que estaría dispuesto a sufragar él mismo una tercera parte y a solicitar al Gobierno el resto. Como todo lo que propone el PP, se aprobó por mayoría. Esta vez, con el apoyo de IU. Pero el PSOE se opuso. Veremos qué dice ahora Aguirre.

- Control de contratos menores. Los contratos públicos inferiores a 12.000 euros no constan en el registro que hace el Ayuntamiento anualmente. Y eso, sobre todo a raíz de la trama corrupta que ha salpicado al PP, es un problema para que la oposición pueda realizar un control permanente de las empresas adjudicatarias. Por eso IU pidió ayer que se incluyan esos contratos en el registro municipal. El concejal de Hacienda lo rechazó. El reglamento de contratación oficial excluye las adjudicaciones menores a 12.000 euros. Sin embargo, el Ayuntamiento aceptó crear algún tipo de aplicación informática para ir suministrando la información a la oposición.

- La basura y el imperio de la ley. La nueva ordenanza de limpieza ha echado a andar. Y lo hace bajo la bandera de un régimen sancionador mucho más estricto y abultado en las cuantías que pagarán los infractores. Rebuscar en las basuras: 750 euros; orinar en la calle: hasta 750 euros; grafitear las paredes: hasta 6.000 euros; no separar en origen la basura: hasta 750 euros.

Adosada a la ordenanza, llega la tasa de basura. Un impuesto resucitado por Gallardón que costará de media a los madrileños unos 60 euros (en función del tamaño del piso) y que ya se pagará este año.