El CONI recurre para usar como prueba la sangre atribuida a Valverde

El embrollo jurídico en que se ha convertido el caso Valverde dio otro paso hacia la complicación y su eternización después de que el Comité Olímpico Italiano (CONI) presentara el pasado sábado un recurso para que el Juzgado 31 de Madrid revoque la prohibición y le permita usar una muestra de la bolsa de plasma número 18 de la Operación Puerto para probar que el ciclista se dopó.

Una conclusión lógica, aunque no confirmada, del movimiento del CONI es que el fiscal antidopaje italiano, Ettore Torri, esperará a contar con la autorización judicial para solicitar al tribunal una sanción para Alejandro Valverde. Si el recurso de reforma no prospera, se transformará en recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

Valverde compareció el pasado jueves en Roma ante Torri, quien le preguntó sobre su presunta implicación en la Operación Puerto, pero no le mostró el análisis de ADN efectuado en la muestra en disputa que probaría que recurrió a transfusiones sanguíneas organizadas por el doctor Eufemiano Fuentes. A Valverde se le concedió un plazo de 15 días para presentar alegaciones, pero debe resolverse el conflicto de competencias planteado por su abogado, Federico Cecconi, quien recordó que el reglamento que permite al CONI sancionar a extranjeros por dopaje cometido fuera de Italia data de 2007 y es, pues, posterior a los hechos.

En su auto de revocación de la comisión rogatoria que se llevó a Roma la muestra de plasma, el juez Antonio Serrano, a instancias de la defensa de Valverde, mantiene que el CONI no es una autoridad judicial pública y que, por tanto, no tiene derecho a acceder a unas pruebas obtenidas en una investigación penal y que sólo deben usarse para el delito investigado, contra la salud pública, no de dopaje.

El recurso del CONI, presentado por el abogado Ignacio Arroyo, le precisa que ha cometido un error porque la comisión rogatoria, iniciada el 10 de noviembre y aprobada por el magistrado de enlace en el Ministerio de Justicia español, Galileo d'Agostino, fue solicitada por el fiscal de la República con base en Roma, Paolo Ferraro, quien en julio abrió una investigación judicial contra Valverde. Lo que indujo a Serrano a pensar que era una petición del CONI fue que llegó en papel con membrete del organismo olímpico pese a que iba firmada y doblemente sellada por Ferraro.