Mucho más que urnas

Para organizar unos comicios como los del próximo 1 de marzo se necesitan más cosas que disponer de urnas. De hecho, el Ejecutivo vasco no las tiene; se las cede la Delegación del Gobierno central. Hacen falta, claro está, candidatos y colegios electorales donde acudir a votar. Pero eso no garantizaría por sí mismo unos comicios democráticos. Meses antes de que comiencen las elecciones se pone en marcha una amplia maquinaria administrativa para garantizar la limpieza y la seguridad de los comicios.

La preparación de la cita electoral comenzó el día 6 de enero, cuando se publicó el decreto de convocatoria de los comicios en el Boletín Oficial del País Vasco. Tres días después se constituían las Juntas Electorales de los territorios históricos y de zona, que se coordinan con la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma. Eduardo Mancisidor, secretario de este último organismo, explica que la finalidad de las juntas electorales es "garantizar el pluralismo y la neutralidad".

Las reclamaciones por ser presidente o vocal concentran las quejas ante la Junta Electoral

La Junta Electoral sólo trabaja en periodo electoral -y cuando se produce una iniciativa legislativa popular-, pero es un órgano permanente; una pequeña administración que funciona, por así decirlo, de prestado. "La infraestructura es la del Parlamento de Vitoria; su presidente es el del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y su secretario, por disposición legal, el letrado mayor de la Cámara", explica Mancisidor.

Después de constituirse las juntas, el siguiente hito en el proceso electoral se produjo el 12 de enero, con la publicación en los boletines oficiales provinciales del número y la ubicación de las mesas en los respectivos colegios electorales. "Hay que aclarar", precisa Itziar Lizeaga, directora de Procesos Electorales del Gobierno vasco, "que la denominación correcta es 'locales electorales' ya que pueden ser instalados en sedes sociales, culturales o deportivas, dependiendo de las infraestructuras que tengan los diferentes ayuntamientos". La dirección de la que es titular Lizeaga depende del Departamento de Interior y se ocupa de desarrollar las competencias autonómicas en materia electoral, coordinando a las administraciones implicadas.

Casi al mismo tiempo que se proclamaban las candidaturas de los partidos (el 2 de febrero), se celebraban los sorteos para elegir a los miembros de las mesas electorales. Este sorteo lo realizan los ayuntamientos y siempre, según reconoce Mancisidor, la Junta Electoral recibe un gran número de quejas de aquellos que repiten como vocal o presidente de mesa en varios comicios consecutivos. "Esto sucede por mero azar", explica el secretario y letrado mayor. Aunque unas personas tienen más posibilidades que otras: "Para ser presidente hay que tener el título de bachillerato o FP II y para ser vocal, el graduado escolar, y los ayuntamientos no disponen siempre estos datos de toda la población", apunta.

Todas los consultas, quejas o denuncias que surjan estos días sobre los comicios deben dirigirse a las juntas electorales. Los casos más complejos a los que deben hacer frente sus magistrados, cuenta Mancisidor, tienen que ver con campañas institucionales que son denunciados como propaganda electoral encubierta. Suelen derivar en recursos ante la justicia ordinaria. La Junta se ocupa también de vigilar el seguimiento de los partidos por parte de los medios de comunicación públicos.

Llegado el día de las elecciones, los ayuntamientos, con personal contratado a tal efecto, se ocuparán de distribuir las más de 2.700 urnas que cede la Delegación del Gobierno. Unos 5.000 ertzainas velarán por la seguridad del a lo largo de esa jornada. Llegada la noche, el llamado Centro de Recogida y Procesamiento de la Información, ubicado en Vitoria, comenzará a traducir en porcentajes y escaños la voluntad del electorado.