El embrollo Valverde

La batalla jurídica tomó ayer el relevo a la deportiva en el caso Valverde después de que el juez Antonio Serrano decidiera no sumarse a la huelga de sus colegas para redactar personalmente -también había huelga de funcionarios judiciales- un auto por el que declara nula la comisión rogatoria que su juzgado autorizó y que se llevó a Italia una muestra del plasma contenido en la bolsa 18 de la Operación Puerto, prueba presunta de que el ciclista Alejandro Valverde se dopó en 2004. Alega el juez, el mismo que ha negado el uso de las pruebas de la Operación Puerto a las autoridades deportivas españolas, que el fiscal antidopaje del Comité Olímpico Italiano (CONI) le vino a engañar haciéndose pasar por lo que no era, un fiscal de la República en vez de un funcionario de un comité deportivo que nada tiene que ver con el sistema judicial.

"Si te sacan medio litro de sangre no es para un análisis", advierte el entorno del CONI

"No tiene nada que ocultar", dice el Caisse d'Epargne, el equipo del corredor español

La noticia de que el juez español prohibía usar la bolsa de sangre, que su juzgado ya les había entregado, para probar el dopaje de Valverde sorprendió en Italia, pero no hizo temblar ni un ápice a las autoridades de la lucha antidopaje, que, de entrada, recordaron que Serrano no se enteraba muy bien de lo que sucedía en su juzgado, el 31 de Madrid, para lo que dieron con un ingenioso titular: Valverde caza a Valverde, que hace referencia a que fue la juez sustituta, pues Serrano se hallaba de vacaciones, Ana Teresa Jiménez Valverde, quien autorizó la toma de la muestra del plasma. "Y quien se lo solicitó", recuerdan fuentes cercanas al CONI, "fue un fiscal verdadero, Paolo Ferraro, de Roma, quien ha abierto una investigación propia sobre el caso". "Y ha sido ese mismo fiscal el que ha ordenado la prueba del ADN que nos ha permitido identificar a Valverde", añaden. Aparte, le explican a Serrano, a Valverde y a los españoles en general que en Italia, a diferencia de España, es perfectamente lícito el uso de pruebas obtenidas en una investigación penal (la Operación Puerto es la investigación de un caso de delito contra la salud), para proceder a sanciones administrativas. Recuerdan, a modo de ejemplo, el caso Juventus, que acabó con el equipo turinés en la Serie B (Segunda División) del calcio después de que se demostrara que su director general, Luciano Moggi, manipulaba los arbitrajes. "Las pruebas", dicen las mismas fuentes, "fueron las transcripciones de unas grabaciones efectuadas por la policía en el marco de una investigación penal. Aún no ha habido juicio penal, pero sí sanción administrativa. Y el Consejo de Estado italiano ha aprobado este proceder".

Todo este clima encendido, evidentemente, no beneficia a Valverde, quien acudirá, de todas maneras, a la cita de hoy a las cinco en el estadio Olímpico de Roma. "Se defenderá con la cabeza bien alta. No tiene nada que ocultar. Allí proclamará su inocencia", afirman en su equipo, el Caisse d'Epargne. "Nosotros somos respetuosos con todos los procedimientos. Además, debe acudir para saber exactamente de qué se le acusa, por qué hecho probado le quieren condenar, qué pruebas aducen".

Le acusarán, y le pedirán su versión, seguramente de dopaje durante el Campeonato del Mundo de fondo de carretera de 2004, el que ganó Óscar Freire en Verona, en septiembre, y en el que Valverde tuvo una destacada intervención: acabó sexto después de lanzarle el sprint al cántabro. Aunque Valverde no pasó ningún control tras la carrera, tampoco es necesario un positivo para probar un dopaje. Vale cualquier medio de prueba. "Y que no venga con que Eufemiano [el doctor Fuentes] era en 2004 el médico de su equipo [el Kelme] y que él no sabía lo que le hacía", alertan en Italia; "la bolsa de plasma que conservaba Eufemiano es de 242 mililitros, lo que equivale a medio litro de sangre. Y cualquier persona a la que le sacan esa cantidad sabe que no es para un análisis".

Si no acudiera, que acudirá, a Valverde le podrían sancionar por rebeldía con seis meses suplementarios a los dos años previstos. Y, si se porta bien, si confiesa sus pecados si los hubiere, dejárselo en un año. Al ciclista le quedaría la posibilidad de recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con sede en Lausana (Suiza), para lograr la nulidad del procedimiento. Eso, si el juez Serrano, que ha mostrado su enfado y su cansancio por un caso del que no se ha librado en casi tres años, no busca procesar al CONI, que ha solicitado más bolsas de más ciclistas, por tratar de engañarle.