El TSJ asume la investigación a Alperi por Mercalicante
Por el desfalco está imputado el ahora diputado del PP
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha acordado asumir la competencia para continuar la instrucción del supuesto desfalco de seis millones de euros descubierto en la empresa pública Mercalicante. La Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal ha adoptado esta resolución a la vista de que entre los imputados figura un aforado, el ex alcalde de Alicante y actual diputado autonómico del PP, Luis Díaz Alperi.
En el auto, la sala se hace eco de la exposición razonada de la juez, la titular del Juzgado número 1 de Alicante, Cristina Costa, que después de seis años de instrucción halló indicios de "presunta responsabilidad penal" en la imputación de Luis Díaz Alperi. A juicio, de la juez, el ex alcalde podría haber incurrido en un delito societario y, en paralelo, en otro de malversación de caudales. Idéntico criterio mantiene el fiscal del caso, el titular del departamento de Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones. El representante del ministerio público ratificó ante el TSJ su informe de noviembre de 2007 en el que también aprecia "indicios" de delito en la actuación de Alperi.
La sala, antes de decidir sobre la competencia, solicitó alegaciones a las acusaciones particulares que ejercen el Ayuntamiento de Alicante y Mercalicante. En su informe, según certifica el auto del TSJ, ambas partes afirman que no hay indicios de delito alguno contra el ex alcalde ni los otros cuatro miembros de la comisión ejecutiva de la empresa. Este órgano estaba integrado, aparte de por Alperi, por otros dos ediles del PP y dos representantes de la firma Mercasa, socio del Consistorio en Mercalicante.
El TSJ pidió también escrito de alegaciones al primer imputado en la causa, el ex gerente de Mercalicante Emilio Clavero, y los tres políticos imputados (Alperi, y los ediles del PP Juan Zaragoza y José María Rodríguez Galant). El primero manifestó que respetaría el criterio de la sala, y los tres últimos abogaron porque la sala se declare competente y, a continuación, declare el sobreseimiento respecto a ellos.
En el auto, el TSJ acuerda por último designar instructor de las diligencias al magistrado Juan Montero Aroca.
