Vizcaya veta ampliar Zabalgarbi mientras el control de la empresa no sea público

La inversión fallida en fondos del financiero estadounidense Bernard Madoff afectará al futuro de Zabalgarbi. La Diputación de Vizcaya -el tercer accionista de la empresa con el 20% del capital-, anunció ayer que paraliza la ampliación de la única incineradora de basuras vasca mientras la mayoría de su capital (el 60%) esté en manos de socios privados. La institución foral atribuye a la falta de control la posible pérdida de 3,7 millones de Zabalgarbi en un fondo de inversión de Optimal, la filial de hedge founds del Banco Santander, que fue gestionado por Madoff.

Este caso motivó la destitución del presidente de Zabalgarbi, Juan Ignacio Unda, y el director financiero, Domingo de la Sota, a los que la empresa ha indemnizado con cerca de tres millones de euros, como informó ayer este diario.

El PP considera un "despropósito" la indemnización a los ejecutivos destituidos

El veto a la construcción de la segunda línea de la incineradora se produce cuando esta ampliación está contemplada en el segundo Plan de Residuos Sólidos Urbanos de Vizcaya, con vigencia hasta 2016. En él ya se recoge un acuerdo de todos los grupos junteros para que su accionariado sea mayoritariamente público. Pero el impulso de esa segunda línea de incineración ha tenido muchos altibajos, ya que los trámites administrativos para su construcción se iniciaron en 2006. Se calculó una inversión de 132 millones (la actual planta costó 154) para procesar entre 100.000 para y 200.000 toneladas anuales de basura (ahora Zabalgarbi quema cerca de 250.000).

La paralización fue anunciada ayer ante las Juntas Generales por el diputado foral de Medio Ambiente, Iosu Madariaga, quien explicó con detalle cómo se gestionó la inversión fallida. El contrato de financiación de la planta obligaba a constituir dos depósitos por importe de 6,6 millones y 4,8 millones de euros, respectivamente, que fueron creados en 2005 y 2006. Se invirtieron en una cuenta con una remuneración conservadora (Euríbor, menos un 0,5) pero a finales de 2006 la dirección de Zabalgarbi los colocó en los fondos Optimal, de mayor rentabilidad pero más alto riesgo, sin informar "jamás al Consejo de Administración de estos movimientos". El pasado 13 de diciembre, según el diputado, el Santander comunicó a la dirección de Zabalgarbi el fraude en un fondo y tres días después los consejeros de la Diputación pidieron explicaciones.

Madariaga apuntó que no hubo una buena gestión profesional y que al estallar el escándalo "se oculta consciente y premeditadamente" la información por parte de la dirección de Zabalgarbi. Hasta los próximos meses "no sabremos el dinero perdido", señaló el diputado antes de afirmar que, tras este caso, "tengo aún más claro" de que el accionariado debe ser público.

En octubre pasado, Madariaga planteó a los dos socios mayoritarios -FCC y Sener, ambos con un 30%- la adquisición por la Diputación de un 10% de sus acciones, que según el valor actual de la empresa, podría suponer casi 4 millones de euros. Aunque ahora la mayoría de Zabalgarbi "es, por desgracia, privada", según dijo, en sus comienzos el capital público fue mayoritario. En los noventa la Diputación llegó a ser el accionista principal, con el 25%.

Carlos Olazabal (PP) aseguró que las pérdidas, incluyendo los tres millones de indemnización a los directivos, superan los 13 millones, porque ahora "ninguno de los fondos de Optimal son liquidables. La gestora los ha dado de baja". Tras declararse "desorientado" por el hecho de que se realizaran esas inversiones "que Zabalgarbi no necesitaba para nada", consideró un "despropósito" el pago al presidente y el directivo destituidos.

"Si se produce un perjuicio a la compañía, ¿cómo es que son compensados los gestores?", preguntó. Iosu Madariaga afirmó que, según sus datos, la indemnización es cinco veces menor, pero declaró que, en cualquier caso, "me parece una barbaridad".