Aguirre elude dar explicaciones del "lodazal de 'dossiers" a la oposición

La Asamblea de Madrid resucitó ayer los momentos más ásperos desde el episodio de transfuguismo de 2003 de Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que abrió las puertas de la presidencia regional a Esperanza Aguirre. Durante tres horas, la oposición intentó ayer, sin éxito, que Aguirre, su viceconsejero, Ignacio González, y el responsable de Interior, Francisco Granados, intentaran aclarar el "el lodazal de dossiers para chantajear a altos cargos" que, en palabras del diputado socialista Adolfo Navarro, se había convertido la Comunidad de Madrid.

PSOE e Izquierda Unida querían saber si algún "subordinado había usurpado atribuciones en las competencias de seguridad previstas en el Estatuto de autonomía; por qué un Gobierno sin apenas competencias de seguridad tienen tal número de asesores y altos cargos de seguridad; por qué Granados destituyó a su responsable de Seguridad Sergio Gamón y lo recuperó a los tres días o por qué le paga 91.000 euros al año por limitarse a hacer un informe sobre la seguridad privada de los edificios de la Comunidad".

El PSOE, a Aguirre: "Llegó bajo sospecha y saldrá bajo sospecha"

Inés Sabanés: "Se han vulnerado derechos con espionajes fuera de control"

Lejos de dar respuestas, Aguirre y sus consejeros replicaron a la catarata de preguntas contraatacando. La presidenta acusó al PSOE de tener "una larga historia de espionaje político". "Desde 1984 a 1995 funcionó un gabinete de espionaje por el que tuvo que dimitir quien lo creó como ministro de Defensa [Narcís Serra] y luego dimitió como vicepresidente del Gobierno por haber espiado, del Rey abajo, a todo el mundo. No sólo a los de su propio partido sino al Partido Comunista y a Alianza Popular". También aludió Aguirre a casos más recientes. Y se refirió al presunto "espionaje del Gobierno de Andalucía a los presidentes de las cajas andaluzas", caso que fue investigado por un juez y archivado a los pocos días.

La presidenta eludió las preguntas de la oposición sobre la responsabilidad política en la red de espionaje y se refugió en la creación de la comisión de investigación que se pone hoy en marcha y de la que, aseguró, no se derivarán responsabilidades políticas. "Queremos claridad para demostrar que aquí nadie ha espiado", espetó Aguirre.

González siguió la estrategia al pie de la letra y, tras negar todas las acusaciones sobre su intervención en algunos contratos del Canal de Isabel II que preside, en los que presuntamente se favoreció a empresas de familiares, reclamó a la oposición que, "una vez que haya culminado la comisión de investigación, si no se prueba nada, pidan excusas por las acusaciones graves que se han hecho".

La portavoz socialista, Maru Menéndez, caldeó aún más el debate cuando se dirigió a Aguirre para decirle que "llegó a la Comunidad bajo sospecha y saldrá bajo sospecha". La frase no sentó nada bien en la bancada popular. La portavoz socialista presentó ayer una queja formal contra el portavoz adjunto del PP por llamar "cacatúas" a la bancada socialista.

Por su parte, la portavoz de IU, Inés Sabanés, después de reprochar a los responsables populares que "no respondieran a las preguntas", le espetó a Aguirre que se estaba "enfrentando a uno de los momentos más duros de su gobierno". "Sobre la Consejería de Interior y el Gobierno regional recaen sospechas muy serias y firmes de que pudieran haberse vulnerado derechos fundamentales con espionajes fuera de control, con seguimientos fuera de la ley pagados con fondos públicos".