El Levante ocultó pérdidas con ficticias operaciones inmobiliarias

El Levante ocultó durante años sus pérdidas mediante operaciones inmobiliarias ficticias. Desde la temporada 2000-2001 hasta la 2003-2004 contabilizó ventas de parcelas de la zona terciaria a cobrar en 2006. De esa manera cuadró sus cuentas. Ese año, 2006, evitó precisamente entrar en causa de disolución con la venta real de dichos terrenos, anexos al estadio Ciutat de València. Luego, en la temporada 2006-2007, volvió a contabilizar otra supuesta venta, la de unos derechos urbanísticos, que nunca se produjo, siempre según el informe de los administradores concursales al que ha tenido acceso este periódico. Una argucia legal que le permitió cubrir su déficit esos años. El endeudamiento actual del club, en Segunda División y en concurso de acreedores, es de 84,8 millones.

Villarroel, dueño entonces del Levante, realizó ventas a otra empresa suya

Desde 2000 hasta 2004, el Levante vendió derechos urbanísticos por unos terrenos de su propiedad, calificados como de uso terciario y anexos a su estadio, por un valor de 29,7 millones. La compraventa se realizó entre el club y "una sociedad vinculada a uno de sus accionistas y administrador de la sociedad". Es decir, entre el club, propiedad entonces de Pedro Villarroel, y una empresa también suya.

Los importes, que sirvieron para equilibrar las cuentas, debían ser pagados por la compradora de los derechos el primer semestre de 2006. Sin embargo, la venta en firme de esos terrenos (15.000 metros cuadrados de superficie y 30.000 de edificabilidad) se produjo finalmente por 53,4 millones en junio de dicho año, pero no a la sociedad que compró inicialmente los derechos, sino a una tercera, la promotora Gesfesa, que ya construye en ellos.

Gracias a esos 53,4 millones, el Levante canceló la deuda existente con cargo a resultados de ejercicios anteriores, de modo que el beneficio real en 2006 fue de 23,7 millones. Pero, aún así, esos ingresos extraordinarios "no sirvieron para sanear las cuentas". Por ello sus gestores probaron suerte con una operación similar el curso siguiente. Las pérdidas superaban entonces los 28 millones. El club volvió a recurrir a una gestión inmobiliaria basada en la transmisión de 16.100 metros cuadrados del aprovechamiento urbanístico de la parcela en la que está el estadio, propiedad suya y pendiente de recalificación, a TCH Obras Panamá, con domicilio en Panamá City y constituida curiosamente el 22 de mayo de 2007. La venta, por 27 millones, se firmó el 15 de junio, unas semanas después.

Sin embargo, unos meses más tarde, en noviembre, el Levante rompió el contrato. La venta estaba condicionada a la concesión de la recalificación del estadio por parte del Ayuntamiento antes del 15 de noviembre. "Una condición incumplible", señala uno de los redactores del informe. Un día después, el 16 de noviembre, el club resolvió el contrato. Pero había conseguido su objetivo: las pérdidas del ejercicio se redujeron a apenas 938 euros.

Como, en realidad, nunca se ingresaron esos 27 millones, los resultados negativos se agravaran en el ejercicio siguiente, cuando los jugadores, por impago de sus salarios, impulsaron el concurso de acreedores necesario. El balance se cerró en junio de 2008 con unas pérdidas de 53,9 millones de euros.

Hay más evidencias de irregularidades en la gestión, como algunas cuentas. La denominada Caja Fuerte Levante funcionó a partir de julio de 2006 como cuenta corriente con la mercantil Cofiser, SL, propiedad de Villarroel, y llegaron a ingresarse en ella 2,8 millones.

"Los movimientos contables de la Caja Fuerte Levante no son propios de lo que debe reflejarse bajo dicho título", apunta el informe. "En esa caja entraba y salía indistintamente dinero de Cofiser y del Levante", indica un abogado defensor de uno de los acreedores. "Son tantos los movimientos entre Cofiser y el Levante que parece que se trate de la misma sociedad", añade.

Los administradores concursales advierten varias veces de la mala gestión de los anteriores responsables del club, Villarroel y Julio Romero, cuya política económica fue "conseguir a cualquier precio" el ascenso y luego la permanencia del equipo en Primera División, por lo que el club llegó a cifras como las del ejercicio 2005-2006, en que los gastos superaron a los ingresos en un 414%. Tan es así que podrían iniciar acciones legales contra Villarroel y Romero, quienes en las Navidades pasadas vendieron el paquete mayoritario de las acciones del Levante a "un grupo de nacionalidad española" cuya identidad no quisieron desvelar entonces. José Antonio López Lara, el hombre fuerte del nuevo proyecto, se presenta como simple "intermediario" y el presidente del club es ahora el constructor Jesús Serna.