La vía del aval

La magnitud de la actual crisis económica constituye un complejo desafío para las administraciones públicas, especialmente para las territoriales. Para gran parte de ellas, es la primera vez que se encuentran ante una coyuntura recesiva, con un desarrollo de las competencias tan amplio y que las implica, tanto como al Estado, en la planificación de políticas anticíclicas. El principal problema al que se enfrentan es la sequía del mercado de crédito, que limita la transmisión y los efectos de las medidas de gasto público a los diferentes sectores de la economía. Por ello, resulta preciso articular instrumentos efectivos en la movilización de los recursos que suavicen el endurecimiento en las condiciones de financiación.

La magnitud de la actual crisis constituye un complejo desafío para las administraciones públicas

En este sentido, las líneas de aval público se han convertido en una figura recurrente en las estrategias de dinamización que se diseñan desde las diferentes administraciones, aunque de forma muy desigual por sus importes y su alcance. Entre las ventajas del aval hay que señalar que, en primera instancia, no tiene repercusión ni en déficit ni en deuda pública. Sólo en el caso de ejecución, la Administración deberá registrar un incremento del déficit.

Precisamente el riesgo de cómputo final exige un ejercicio de responsabilidad por parte de las administraciones públicas ligado al control y a la fijación de condiciones básicas de solvencia a cumplir por parte de los solicitantes. Este control exige a las entidades disponer de medios y estructuras especializadas, y la puesta en marcha de nuevos institutos de finanzas regionales -quizás a lo largo de 2008 la mitad de las comunidades utilicen ya esta figura- contribuirá a gestionar y controlar este tipo de medidas así como a analizar a nivel micro su eficacia en el tejido productivo local.

Ello no es óbice para que, en un contexto de dificultades presupuestarias, en primer lugar, se busquen sinergias con el sistema financiero como canalizador de las garantías compartiendo riesgos para no generar incentivos perversos. Y en segundo lugar, para que se pongan en valor instituciones ya existentes como las sociedades de garantía recíproca. La mayor parte de los gobiernos regionales ya participan como socios protectores de referencia, pero, en muchos casos, no están dotadas con los recursos suficientes para desempeñar un papel más relevante cuando más se recurre a ellas.

Susana Borraz y César Cantalapiedra son profesores de la Escuela de Finanzas Aplicadas.