El 'movimiento 8 de octubre' radicaliza la huelga judicial

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, declaró a EL PAÍS el 5 de octubre que esperaba que el recién renovado Consejo del Poder Judicial impusiera "tres años de suspensión" al juez Rafael Tirado -por el caso Mari Luz- en lugar de los 1.500 euros de multa con que le sancionaron los antiguos vocales, mayoritariamente escorados hacia el PP. Tres días después, el correo corporativo que conecta a todos los juzgados de España echaba humo.

Acababa de nacer el denominado Movimiento 8 de octubre. Se inició con mensajes de solidaridad hacia Tirado que pretendían denunciar la ingerencia gubernamental. El Ejecutivo iba a por todas: en esa misma fecha suspendió por dos años a la secretaria judicial de Tirado. Quizás por eso, las primeras iniciativas que aparecieron en el foro cibernético invitaban a los colegas "a crear un fondo de solidaridad" en caso de que a Tirado fuese apartado temporalmente de la carrera. Magistrados indignados hacían comparaciones con los médicos que, según explicaba un juez, para hacer su trabajo "con rigor" no debía "atender a más de 20 pacientes al día". "Si se muere el paciente 46 porque no le ha llegado el turno, ¿qué culpa tiene el médico?".

La reacción del Ministerio de Justicia al primer acto reivindicativo no hizo más que añadir adeptos a la causa. Los jueces se unieron a los secretarios -que convocaron una protesta por la sanción impuesta a su compañera del juzgado de Tirado- y juntos paralizaron durante horas los juzgados el pasado 21 de octubre mediante juntas convocadas a la misma hora en toda España. El ministro Bermejo calificó la movilización de "corporativa" y advirtió a los magistrados de que "nadie es intocable".

Sin embargo, la indignación no cesaba y a mediados de noviembre, dos juntas de jueces, la de Murcia y la de Extremadura -indignadas por la instalación en sus juzgados de un programa informático con "fallos clamorosos"- convocaron una jornada de huelga para el 18 de febrero.

Y la causa comienza a ganar adeptos en la red. Mientras, un grupo de trabajo designado por los jueces murcianos trabaja para diseñar una estrategia para que la movilización sea un éxito. Idean tretas para que las salas de gobierno de los Tribunales Superiores y el CGPJ no puedan controlar las decisiones que se adopten en las juntas de jueces convocadas para debatir la convocatoria el 21 de enero. Declarar la huelga, según la hoja de ruta diseñada, obligaba a convocar asambleas similares a las de trabajadores que regula la ley y que sí pueden votar los paros.

El plan lo ultiman los decanos de 15 ciudades en una reunión secreta celebrada el 10 de enero en los juzgados de la plaza de Castilla de Madrid. En ese encuentro se aprueban desde los documentos para elaborar el preaviso de huelga hasta los servicios mínimos. Paralelamente, por el correo electrónico circula un documento que recaba apoyos individuales al Movimiento. Entre las firmas destacan nombres como el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, uno de los más activos en el foro, y la ex decana de Barcelona María Sanahuja.

Tres días después, las cuatro asociaciones de jueces -Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente- asumen las peticiones de los decanos pero limitan la llamada a la huelga del Movimiento a un "acto de protesta" el 18-F, y posponen el paro al 26 de junio si no hay respuestas "satisfactorias" del Gobierno.

Pero el 21 de enero, en las juntas y asambleas no se discute la huelga, sino si se convoca para el 26 de junio o para el 18-F. Más de 800 jueces se decantaron por el movimiento 8 de octubre. El viernes se produjo una fractura en las asociaciones y dos de ellas -Francisco de Vitoria (565 afiliados) y Foro Judicial Independiente (265)- se desmarcaron de las otras dos y respaldaron la huelga el 18-F.