El fiscal pide de 3 a 4 años por la invasión de El Prat en 2006

El fiscal acusa a 27 trabajadores de un delito contra el tráfico aéreo por la invasión de las pistas del aeropuerto de El Prat ocurrida el 28 de julio de 2006 durante una jornada de huelga. Para 25 de ellos reclama tres años de cárcel, que eleva hasta cuatro años en el caso de Omar Minguillón y José Luis Gallardo, dirigentes de la Federación de Transportes de la UGT de Cataluña y considerados los líderes de la protesta.

La fiscalía fundamenta su acusación en los artículos 20 y 21, engoblados en el capítulo de la sedición, de la Ley Penal y Procesal de Navegación Aérea de 1964, que sigue vigente. Al ser una ley preconstitucional, podría no ser aplicada por el tribunal que juzgue el caso. Ante esa posibilidad, la fiscal solicita de manera alternativa penas de dos años y medio de cárcel para los 27 acusados por desórdenes públicos, en aplicación del vigente Código Penal.

En el proceso llegó a haber más de 220 imputados, a los que el juzgado ha ido exculpando al no poderse probar su participación en la invasión de las pistas. Al final quedaron 49 imputados y ahora el fiscal solicita que sólo 27 se sienten en el banquillo y que el Juzgado de Instrucción número 1 de El Prat exculpe a los otros 22.

Respecto a las 27 personas contra las que la fiscalía mantiene la acusación, el abogado codefensor Pau Núñez explicó ayer que "los hechos que explica la fiscalía en modo alguno pueden constituir un delito tan grave como la sedición y mucho menos si está recogido en una ley franquista". El letrado señala también: "Ninguno de los acusados tiene respondabilidad penal por un relato de hechos que en nada compartimos".

La fiscalía sostiene que los huelguistas permanecieron varias horas en las pistas y desobedecieron las órdenes de la Guardia Civil para marcharse. También acusa a los huelguistas de abandonar diversos vehículos de Iberia sin llaves para impedir el tráfico aéreo. La protesta interrumpió los vuelos durante más de 24 horas y provocó retrasos a centenares de miles de pasajeros entre finales de julio y primeros de agosto, al coincidir con el fin de semana del inicio de las vacaciones de verano. La compañía Air Europa, por ejemplo, cuantificó las pérdidas en 646.033 euros. En el proceso también ejercen la acusación AENA, Fomento del Trabajo Nacional y la Abogacía del Estado.