La crisis demográfica

Los datos difundidos la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadística, según los cuales Galicia perderá población en la próxima década, confirman la gravedad de una crisis demográfica de demoledoras consecuencias económicas y sociales para nuestro país. Galicia será, según las proyecciones ofrecidas por el INE, la comunidad autónoma de España en la que la diferencia entre nacimientos y fallecimientos será mayor. Si a este dato añadimos que, debido a la crisis económica, se reducirá el ya escaso flujo migratorio procedente de otros países y de otras comunidades españolas, el resultado está cantado: dentro de diez años seremos menos y más viejos.

Paradójicamente, los poderes públicos, particularmente la Xunta, hace tiempo que parecen haber renunciado a intervenir sobre las causas que han producido una drástica reducción de la tasa de natalidad en Galicia, hasta niveles inferiores a los que garantizan la sustitución de la población y, por tanto, el relevo generacional. De hecho, el Gobierno gallego carece de un proyecto de revitalización demográfica que, a través de una acción integrada y sostenida en el tiempo, pueda invertir la actual tendencia negativa.

La Xunta parece haber renunciado a intervenir en las causas de la caída drástica de la natalidad

Conviene recordar, para evitar equívocos, que la baja fertilidad no tiene relación alguna con la participación de la mujer en el mercado de trabajo, sino con la forma en que tal participación tiene lugar. Es decir, tiene vinculación con la poca seguridad y apoyo que encuentra la mujer, así como las limitadas opciones que se le ofrecen cuando se integra en el mercado laboral. En efecto, en todos los países desarrollados con reducida natalidad suelen existir simultáneamente altos índices de desempleo, particularmente femenino, altas tasas de eventualidad y un escaso desarrollo de los servicios sociales. Con una tasa de paro que ha vuelto a situarse en los dos dígitos y que amenaza con subir exponencialmente, y con una precariedad laboral que duplica la que existe en la Unión Europea, Galicia es un caso paradigmático.

Por lo que se refiere a los servicios sociales, en especial los de ayuda a la familia -en un país en que retóricamente se proclama a ésta como la base de la sociedad-, tales como residencias de ancianos, escuelas infantiles o ayuda a discapacitados, pese a los indiscutibles avances producidos en la última legislatura, ocupamos lugares secundarios en España, que a su vez está a enorme distancia de la media de la UE (15) y a distancias siderales de los países más avanzados. Similares resultados se obtienen si realizamos un análisis comparativo de las transferencias de fondos públicos a las familias, tales como subsidios o exenciones fiscales.

Así las cosas, los datos divulgados por el INE no constituyen sorpresa alguna, aunque sí conducen a una inequívoca conclusión: si no disminuye el paro y la precariedad -lo que no parece viable en los próximos tiempos-, aumentan los servicios públicos de apoyo a la familia y mejora el acceso a la vivienda, Galicia seguirá teniendo una baja tasa de fertilidad.

Conscientes de la gravedad del problema, ya en el año 2000 las fuerzas políticas y sociales llegaron a la conclusión de que era necesario la elaboración de un Plan de Revitalización Demográfica de Galicia, construido a partir del consenso y de un enfoque integrador de los diversos factores asociados al problema demográfico. El proyecto llegó al Parlamento, y, cuando sólo restaba la votación final del mismo, ante la sorpresa general y forzando las normas de la Cámara, el Gobierno Fraga, que se había autoproclamado hagiógrafo de la demografía, bloqueó su aprobación, impidiendo así que Galicia dispusiera de un instrumento de carácter estratégico para abordar su grave crisis demográfica. Lamentablemente, hay que reconocer que el Gobierno bipartito no ha sido capaz en los últimos años de rescatar y actualizar aquel importante plan.

Por eso, cuando el INE nos recuerda la gravedad de la situación y cuando nos encontramos en plena campaña electoral, las fuerzas políticas contendientes tienen el deber inexcusable de explicar sus proyectos para abordar este grave problema que limita drásticamente nuestras perspectivas como país.