El PP carga de nuevo contra De la Vega

El PP registró ayer en las Cortes Valencianas "una proposición no de ley de tramitación especial de urgencia sobre la reprobación a la vicepresidenta del Gobierno de la Nación", María Teresa Fernández de la Vega, a la que se acusa de apostar "de forma manifiesta por la caducidad del trasvase Tajo Segura en detrimento de los intereses de los valencianos" a partir del "papel que ha asumido como negociadora de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha", que se tramita en el Congreso de los Diputados desde noviembre.

El arranque del periodo de sesiones en las Cortes permitió a Ricardo Costa, portavoz del PP, recuperar uno de los hilos argumentales claves para sostener el victimismo que caracteriza la trayectoria de Francisco Camps como presidente de la Generalitat. Una vez encarrilada la negociación final de una nueva financiación autonómica que reconoce el aumento de población registrado en territorio valenciano, el PP ha optado por rescatar otra de las banderas más eficaces de su estrategia.

Luna: "Otra agresión gratuita contra el Gobierno de Zapatero"

La redacción de la iniciativa parlamentaria no deja lugar a dudas. "La vicepresidenta De la Vega no solo no defiende la legalidad constitucional y los derechos de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, sino que está siendo cómplice y responsable de la agresión y violación que, desde el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero se está haciendo a los derechos del pueblo valenciano". Pero está construida sobre un equívoco. De la Vega tiene poco que ver con la redacción del Estatuto de Castilla La Mancha y su supuesto papel como negociadora del texto en tramitación es meramente formal.

José María Barreda, presidente de Castilla-La Mancha, y María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y responsable del partido en Castilla-La Mancha, pactaron un texto que reza: "Los poderes públicos del Estado y de Castilla La Mancha velarán para que el volumen de agua trasvasable del Tajo al Segura se reduzca progresivamente a partir de la entrada en vigor del presente Estatuto hasta su definitiva extinción que, en todo caso, se producirá en 2015".

Desde hace semanas, diputados nacionales del PSOE y del PP intentan convertir el aserto en una mera sugerencia sin fuerza legal que se incorporaría al texto en su preámbulo. Los socialistas atribuyen a la indefinición de Cospedal los problemas para alcanzar un acuerdo.

Costa esquivó el asunto alegando que Cospedal "no está negociando" la reforma del Estatuto y que ya ha asegurado que "acatará" la decisión del Congreso de los Diputados. Y volvió a cargar contra De la Vega por querer "ahogar a la Comunidad Valenciana sin una gota de agua" y por "antitrasvasista". En la leyenda sigue grabada la ocasión en la que De la Vega paralizó el trasvase del Ebro al firmar la derogación de parte del Plan Hidrológico Nacional que había aprobado el Congreso en 2001.

Ángel Luna, el portavoz socialista, intentó poner las cosas en su sitio: "El PP manipula las Cortes Valencianas a través del abuso de su mayoría absoluta para presentar como voluntad de los valencianos lo que no es más que una nueva agresión gratuita hacia el Gobierno del presidente Zapatero, en la persona de su vicepresidenta".

Según Luna, el PP solo pretende "lanzar una cortina de humo que oculte los conflictos internos que aquejan al partido y que le han llevado a la más encarnizada de las batallas, donde vale hasta el espionaje pagado con dinero público".

Luna avanzó que los socialistas nunca se prestarán a determinados "espectáculos ni a la utilización y manipulación de las instituciones, dado que esto sólo contribuye a su desprestigio, algo que al PP y a su presidente, Francisco Camps, parece no importarle".

El portavoz socialista recordó que Mariano Rajoy, presidente del PP, y Cospedal, su número dos, han manifestado posiciones contrarias al trasvase Tajo-Segura, lo que no ha hecho De la Vega, que "jamás se pronunció sobre este trasvase".