"Deben respetar al Constitucional"

Nueve de ellos son catedráticos o profesores universitarios de Derecho. Otros cuatro son magistrados del Supremo. Tres son jueces en sus comunidades autónomas. Dos son letrados de parlamentos autónomos. Otros dos son abogados Uno ejerce en la Audiencia Nacional. Otro, ex presidente del Supremo, está en su casa sin nada que hacer. En total son 23 personas, entre las que están algunos de los más prestigios juristas de España. Esperan una llamada. Aquella en la que José Antonio Alonso o Soraya Sáenz de Santamaría les digan de una vez si van a estar en el Tribunal Constitucional los próximos nueve años.

Pero el PSOE y el PP hace meses que ni siquiera se sientan ya a hablar del asunto. El PP ha tratado de imponer que en el grupo de cuatro magistrados que le toca elegir al Senado estén Francisco José Hernando y Enrique López, ex presidente y ex portavoz del Poder Judicial, que lideraron la pasada legislatura la ofensiva judicial contra el Gobierno socialista. Además, se han pronunciado públicamente sobre varios asuntos clave que tiene que resolver el Constitucional, por lo que debilitarían al tribunal si formaran parte del mismo durante esas deliberaciones. El PSOE, que propuso 16 candidatos por su parte para negociar, ha dicho que no traga con Hernando y López. El PP no cede y la renovación, pendiente desde diciembre de 2007, ya ha batido todos los récords de incumplimiento. El nuevo proceso de elección, aparte de involucrar a los parlamentos autónomos, ha permitido que por primera vez se conozcan los candidatos antes de que se llegue a un acuerdo sobre los nombres definitivos. Sus nombres están en el Senado desde octubre en un limbo burocrático, esperando a que PP y PSOE cumplan con su obligación constitucional y elijan a cuatro de ellos. Algunos de estos juristas han accedido a contar a EL PAÍS sus impresiones sobre la incómoda situación en la están atrapados.

"El Senado debe convocarnos para aplicar de un modo puro la ley"

"Los partidos deben poner la institución por encima de sus intereses políticos"

Los candidatos coinciden en que la situación debe de ser mucho más incómoda para los cuatro magistrados que están interinos en sus puestos desde hace más de un año, una situación sin precedentes. "Las cosas que en política parecen dificilísimas, luego se arreglan al día siguiente con un pacto", dice voluntarioso Ignacio Espinosa Casares. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, fue propuesto por el PSOE y votado en el parlamento riojano junto con Enrique López, el ex portavoz del Poder Judicial. "Yo creía que esto iba a ser algo rápido", confiesa Espinosa "Yo, como soy juez, estoy muy acostumbrado a ver que no se cumplen los plazos", bromea.

Aunque los candidatos, por razones obvias, se manifiestan con extrema prudencia sobre la bronca política, no dudan en pedir una solución rápida. "Me gustaría que no se alargara indefinidamente", dice Carmen Catalán, abogada de Izquierda Unida en Cádiz propuesta por el Parlamento de Andalucía. Manuel Pulido, letrado del parlamento de Navarra propuesto por la asamblea foral, indica que la prórroga de los magistrados cesantes no puede ser por un periodo "incierto y sin fecha, porque violenta la letra y el espíritu de la Constitución y de la Ley orgánica del Tribunal". La Constitución dice claramente que el mandato de un magistrado es de nueve años y exige que sea por acuerdo de tres quintos de las cámaras, lo que hace imprescindible que se pongan de acuerdo PP y PSOE, los únicos partidos que alcanzan juntos esa mayoría.

"Sin embargo", apunta Óscar González, "al exigirse una mayoría cualificada, sin duda el constituyente era consciente de que eso exigiría una negociación entre los grandes partidos y que en algunas ocasiones se sobrepasarían los plazos establecidos". Pedro González, magistrado de la Sala de lo Contencioso del Supremo y propuesto por el Parlamento de Canarias, no exculpa a los partidos: "Ahora bien, la lealtad democrática que debe presidir toda actuación política exige de los partidos buscar fórmulas de consenso para la más pronta renovación". Se suma a esta crítica Luis Martín Rebollo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cantabria y propuesto por el Parlamento cántabro. Afirma que el bloqueo sólo le produce desazón "como ciudadano". Y desde ese punto de vista, Martín dice que "los ciudadanos deberíamos poder exigirles a los partidos cierta dosis de generosidad en la búsqueda de grandes acuerdos, cierta lealtad institucional también al abordar estos temas. Porque se trata de las paredes del edificio, no de su decoración".

Ángel Juanes, magistrado de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo y candidato del Parlamento de Extremadura, pide a los partidos que "pongan las instituciones por encima de sus intereses políticos" y establezcan la cultura de respetar siempre los plazos legales para las renovaciones que requieran acuerdos parlamentarios. También Luis Ortega, catedrático de La Universidad de Castilla-La Mancha y propuesto por el Parlamento de esa comunidad, pide un acuerdo para que se respeten siempre esos plazos.

En septiembre se puso en marcha el proceso de nombramiento de los magistrados del Constitucional con la petición por parte del Senado a las comunidades de candidatos para elegir entre ellos. Pero algo se torció. Mientras el PSOE y los nacionalistas propusieron en total 21 candidatos distintos de todas las regiones (Asturias y Baleares declinaron participar), el PP sólo propuso a Hernando y López en todas ellas. Imponía así dos nombres, innegociables, para los cuatro puestos.

"Creo que en el origen de la situación actual hay cosas que ignoramos", opina Jesús Delgado Echeverría, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza y candidato de las Cortes de Aragón. Ignoramos "qué se acordó, suponiendo que se acordara algo, y cómo se quiere interpretar luego", continúa Delgado. En cuanto a la estrategia del PP en los nombramientos para imponer a Hernando y López, "puede ser legalmente irreprochable", dice Delgado. "Políticamente, los ciudadanos lo juzgarán".

Otra advertencia a los partidos es que la situación afecta incluso al prestigio de los que serán nombrados. En palabras de Nemesio Barxa: "Si la disputa se plantea entre los partidos, no parece que el fondo de la cuestión sea elegir al más adecuado e independiente sino al más cercano a los postulados partidarios. Por lo tanto, los partidos deberían salir con toda urgencia de este impasse, que en nada beneficia a la opinión que los ciudadanos tienen de la Justicia". Barxa, abogado y candidato por el Parlamento de Galicia, reclama "honestidad". Ningún reproche se puede encontrar hacia el nuevo sistema que da voz a las comunidades en los nombramientos. "Es positivo porque obliga a poner el foco sobre eventuales candidatos idóneos procedentes de las distintas comunidades autónomas, hace que haya que mirar a otros lugares fuera de Madrid", opina Adela Asúa Batarrita, catedrática de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco y candidata por el Parlamento Vasco.

"El sistema es una apertura histórica a las comunidades autónomas", coincide José Luis Aurtenetxe, letrado del Parlamento Vasco y también candidato de esa Cámara. "No me parece incongruente con la estructura del Estado y ha sido avalado por el propio Constitucional. Lo que procede es aplicarlo sin más". "No me hubiera prestado a un cambalache", resume José Francisco Cobo Sáenz, presidente de la Sección 2ª de la Audiencia de Navarra y candidato del Parlamento Foral. "Creo en la legitimidad y en las reglas honestas del juego". Cobo es muy duro con la actitud de los partidos y la decisión del Senado de congelar todo el proceso hasta que no haya un acuerdo. En teoría, tras recibir las candidaturas debía haberse convocado la Comisión de Nombramientos de la Cámara alta. Esta, tras oír a los 23 candidatos, debe elaborar una propuesta de cuatro para que se vote. Ante las nulas posibilidades de acuerdo, el presidente del Senado decidió en octubre paralizar el proceso.

Para el magistrado Cobo Sáenz "es evidente que habría que convocar la Comisión de Nombramientos". "Es impensable que no nos convocaran. Sería una absoluta defraudación del sistema. Yo tengo que explicar al Senado por qué creo que reúno los requisitos y por eso acepté la propuesta que me hicieron". Cobo habla probablemente por todos los demás cuando dice: "Yo he puesto en la aceptación de mi designación algo de mi vida y de mi dignidad profesional. Acepté la propuesta por responsabilidad y compromiso personal en el servicio a los ciudadanos, y esa misma responsabilidad la espero de quien promueve este sistema de nombramiento". En lo que suena como una advertencia al PSOE, Cobo dice que para resolver la situación "sólo hay que aplicar de un modo puro la ley". Que se reúna la Comisión y que decida de entre los 23 candidatos "de acuerdo con la legalidad", y además, "sobre los nombres que ya están encima de la mesa, incluidos mis dos compañeros Hernando y López". Cobo está advirtiendo contra la posibilidad de que los partidos busquen candidatos alternativos a los de las comunidades, algo que permite la ley. "Este proceso en este momento es irreversible", opina. "Y nosotros, todos los candidatos designados por los parlamentos, tenemos una expectativa más que legítima. Más aún creo que tengo no sólo dicha expectativa legítima, sino el derecho a ser llamado a la comisión de nombramientos y que esta decida conforme a Derecho". En el fondo de todo está la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. Los recursos de inconstitucionalidad han provocado todo tipo de maniobras para inclinar el equilibrio de fuerzas en el Constitucional. Finalmente, todos parecen asumir el empeño del PP en que sea este tribunal, y no el que le sustituya, el que elabore la sentencia que promete ser uno de los textos definitivos sobre el límite de la descentralización en España. "Si estuviera en mi mano, no se me ocurriría cambiar un tribunal cuando está pendiente una sentencia tan importante", advierte Ignacio Espinosa. Coinciden con él muchos de los entrevistados. El magistrado del Supremo Óscar González advierte de que el trabajo realizado hasta ahora "quedaría reducido a la nada si algunos de sus miembros cesasen antes de la resolución final".

Dejan la sentencia del Estatuto para los actuales magistrados y lo hacen con resignación, pero también casi con alivio. "La sentencia del Estatuto, que también parece estar detrás de esta situación, es un trabajo de mucho debate. Creo que ya es algo que le corresponde al tribunal saliente. Estoy segura de que habrá muchos otros retos en el futuro", dice Adela Asúa.