Trapos sucios

En Cataluña, como en el resto de España, el poder judicial está integrado por jueces independientes, honrados, laboriosos y expertos. La policía autonómica, integrante del poder ejecutivo, es una institución emblemática y de alta cualificación técnica, especialmente en su función, auxiliar de los jueces, de policía judicial. Jueces y policías de Cataluña gozan de un prestigio ético y democrático indiscutido e indiscutible.

Últimamente, sin embargo, se han sucedido informaciones sobre acontecimientos que no abundan, precisamente, en favor de aquella fama de corrección y eficiencia. Así, tras un goteo de noticias sobre resoluciones judiciales sorprendentes, nos llega información sobre un comportamiento privado incorrecto de una magistrada, en relación con un posible etilismo leve. Asimismo, hemos conocido casos de presuntos malos tratos y otras irregularidades sobre detenidos, imputados a unos policías autonómicos, incluida, en una ocasión, sentencia condenatoria pendiente de lo que resuelva el Tribunal Supremo.

La transparencia obliga a informar de forma diáfana de los hechos que la opinión pública tiene interés y derecho a conocer

Desde los colectivos judiciales o policiales llegan a la opinión pública reacciones de irritación gremial, pero no, como sería razonable, contra las personas concretas que protagonizaron los incidentes desafortunados o reprobables, sino contra la divulgación de la correspondiente noticia, y hubiera sido conveniente, además, ahorrar alguna manifestación de corporativismo judicial, extemporánea, destemplada y autoritaria, así como alguna desafortunada declaración política de apoyo a los policías condenados.

Ha cundido la sospecha de que la noticia de dicha sentencia, que por cierto es constitucionalmente pública, ha sido divulgada desde alguna alta sede judicial. Y asimismo, que la información sobre lo de la magistrada sólo podía provenir de filtración policial. Las sospechas, recíprocas, apuntan a una intención, recíproca, de agraviar, en represalia o castigo por la filtración o divulgación contraria, y por otros desencuentros anteriores. Si las sospechas tuvieran fundamento, nos hallaríamos ante una utilización del llamado cuarto poder, los medios de comunicación, para una función aflictiva inadecuada y contraproducente, que por ello no es practicable mediante los resortes legales, únicos de que debieran disponer los servidores de los poderes del Estado.

Las incorrecciones de los servidores públicos solamente deben ser prevenidas, investigadas y, en su caso, sancionadas por los organismos disciplinarios de cada institución. Si un juez o una magistrada actúa incorrectamente, lo procedente es remitir los datos, como se ha hecho, a quien tiene atribuida la función sancionadora. Y si unos policías atentan contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente cuando están detenidos, deben ser apartados, sancionados y, si procede, denunciados. Así se hizo. Y no sólo eso. Además, siendo mejor prevenir que curar, se adoptaron medidas de vigilancia en los centros policiales, mediante cámaras y otros medios tecnológicos, que erradicaron definitivamente el riesgo de posibles excesos ocasionales, extraordinarios, mínimos, pero que llenarían de bochorno, desde luego, a los propios miembros del cuerpo policial y a cualquier conciencia democrática.

Por otra parte, un elemental compromiso de transparencia obliga a informar de manera diáfana de los hechos, que la opinión pública tiene interés y derecho a conocer, ya que afectan a servidores públicos. Los posibles aunque indeseables trapos sucios nunca deben lavarse, a escondidas, en casa. Prevención, investigación, denuncia, información, son las coordenadas del deber de legalidad y transparencia. El cumplimiento de este deber cívico, democrático, legítimo, jamás puede ser objeto de reproche, sino de alabanza.

José María Mena es ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.