Reportaje:

Los 'lobbies' de las viviendas ilegales

Los vecinos de barriadas sin licencias se agrupan para lograr legalizar sus casas

Construyeron sin permiso, pagaron por sus casas mucho menos que por una vivienda habitual, e infringieron la ley. Pero ahora piden más. En torno a las barriadas ilegales surgidas en Andalucía al amparo del descontrol urbanístico se han creado grupos de presión: vecinos que han unido sus fuerzas para convencer a las administraciones de que pasen por alto los delitos que cometieron, y para rebajar el coste que deben afrontar por la regularización de sus casas. El coordinador de fiscales de Medio Ambiente de Andalucía, Ángel Núñez, ha puesto su mirada sobre ellos. Alerta sobre el poder de estos lobbies cuyas demandan no pueden -o no quieren- ignorar los gobiernos municipales.

"No somos ilegales". Las federaciones vecinales de Chiclana (Cádiz), que protegen los derechos de los propietarios de las casas que desde hace dos décadas comenzaron a construirse sin control en este municipio -hoy hay 15.000-, se agarran a la legislación urbanística. "Construimos sin licencia, pero la mayoría de viviendas tienen más de cuatro años. Son intocables", argumenta Rafael Ortiz, uno de sus portavoces.

Los alcaldes llegan a reconocer que los derribos provocarían conflictos sociales
La Junta legalizará El Palmar a cambio de que no se construya más
El 95% de las 5.000 casas ilegales del Almanzora será regularizada

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Una de las primeras reuniones del recién nombrado alcalde José María Román (PSOE) ha sido con este colectivo, y ya les ha anunciado que rebajará las ordenanzas municipales redactadas por el anterior gobierno local, que preveía el pago de entre 20 y 36 euros por metro cuadrado para alcantarillado, suministro de luz o abastecimiento de agua.

La presión llega en otros municipios por la vía de la movilización. Vecinos de El Puerto y Chipiona han hecho frente común para denunciar el "impacto social" que genera la política de sanciones contra construcciones ilegales y han convocado una manifestación para el día 16. En Chipiona, con unos 300 expedientes de demolición, el propio alcalde, el socialista Manuel García, llegó a reconocer en una carta a la Junta de Andalucía que el derribo podría provocar un "conflicto social", informa Pedro Espinosa.

En El Puerto, el Ayuntamiento (PP) ha creado una mesa sectorial sobre viviendas ilegales -unas 500- dentro del equipo redactor del plan de ordenación urbana, lo que para los ecologistas significa hacer depender el desarrollo de la ciudad de estas construcciones ilegales, informa F. J. Román. Pero éstos no son los únicos casos en la provincia gaditana.

En Vejer, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio va a respetar las viviendas de El Palmar, levantadas sobre suelo no urbanizable, a cambio de que los vecinos ejerzan de controladores y no permitan que se levanten nuevas construcciones.

La urbanización ilegal de Las Pitas se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para las administraciones públicas en Córdoba y sus vecinos no dejan de manifestarse y presionar a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento cordobés en busca de una regularización de su situación, informa M. J. Albert.

Levantada en las inmediaciones del yacimiento arqueológico de Medina Azahara, el suelo donde se encuentra la urbanización Las Pitas fue declarado Bien de Interés Cultural en 2003. Ello ha provocado el procesamiento de seis familias que realizaron obras con posterioridad a 2006, fecha en el que las autoridades empezaron a tomar cartas en el asunto.

A los juicios, los vecinos han respondido con una verdadera campaña de presión, protagonizada por manifestaciones por las calles de Córdoba, cortes de carreteras, concentraciones en las puertas de la Audiencia de Córdoba y marchas a pie hasta el yacimiento arqueológico. Junta y Ayuntamiento se han reunido con los vecinos para explicarles el contenido del nuevo decreto que declara la expropiación de algunas parcelas sin edificar en Medina Azahara. Los propietarios de Las Pitas siguen movilizándose junto a vecinos de otras urbanizaciones de la zona, como La Gorgoja II o Córdoba La Vieja.

La comunidad británica que habita en el Valle del Almanzora, en la provincia de Almería, ha unido sus fuerzas bajo el colectivo AUAN (Abusos Urbanísticos Almanzora No) mediante el cual han reivindicado que se lleve a cabo un plan por parte de la Administración para legalizar las 5.000 viviendas que se encuentran fuera de ordenación en la comarca. El colectivo británico vivió con desasosiego el derribo de una vivienda en Vera, propiedad de una familia extranjera, así como la operación policial denominada Costurero que imputó a concejales y al alcalde de Zurgena por presuntos delitos urbanísticos. La comunidad inglesa ha criticado con dureza el "tardío" funcionamiento de la Justicia contra estos casos.

La visita de una delegación de parlamentarios europeos en 2007 que quisieron ver in situ la situación vivida por las familias británicas también tuvo su efecto meses después para que la Junta intentara resolver la situación. Los británicos escribieron incluso una carta al rey Juan Carlos en la que explicaban al monarca el problema de los residentes, la mayoría jubilados.

Fue en septiembre pasado cuando la Junta anunció que las viviendas construidas sobre suelo no urbanizable en ocho municipios del Valle del Almanzora -sobre las que pesa expediente de disciplina urbanística o procesos penales y contencioso-administrativos- tendrán prioridad en un plan de actuación para dar "solución" al problema. El delegado de Vivienda, Luis Caparrós, aventuró que las primeras estimaciones apuntan a que sólo un 5% de las viviendas quedarían "fuera de ordenación" pese a ocupar dominio público o suelo de especial protección.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 06 de diciembre de 2008.

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