Gómez Bermúdez, ponente del juicio a tres mandos militares por el Yak-42

El magistrado Javier Gómez Bermúdez, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, será el ponente del tribunal encargado de juzgar a los responsables de falsear la identidad de los cadáveres de 30 de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42, cuando volvían de Afganistán.

Gómez Bermúdez, que saltó a la popularidad por su firmeza en la conducción del juicio por el atentado del 11-M, dirigirá la vista oral de un caso en el que se sentarán en el banquillo el general de división médico Vicente Navarro Ruiz y dos oficiales: el comandante José Ramón Ramírez García y el capitán Miguel Ángel Sáez García.

El fiscal les acusa de dos delitos de falsificación de documentos oficiales, cometidos al cumplimentar los certificados de defunción y las actas de necropsia de los 30 cadáveres que estaban sin identificar y cuya filiación atribuyeron aleatoriamente.

El fiscal pide penas de cinco años de prisión, 20 meses de multa con una cuota de 50 euros diarios y cinco años de inhabilitación especial para el general Vicente Navarro; y de cuatro años y seis meses de prisión, 16 meses de multa de 50 euros diarios e inhabilitación especial de cuatro años para cada uno de los dos oficiales.

La asunción por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la causa pone el punto final a la tortuosa instrucción dirigida por el juez Fernando Grande-Marlaska, y anteriormente por la juez Teresa Palacios, que ha estado paralizada y a punto de archivarse en varias ocasiones. Aún no se ha fijado la fecha de celebración del juicio, pero fuentes jurídicas estiman que tendrá lugar en la primera mitad del próximo año.

Una de las primeras decisiones que deberá tomar el tribunal es si acepta los testigos propuestos para el juicio por las acusaciones y defensas. Entre otros, las acusaciones han pedido que testifiquen varios altos cargos del Gobierno del Partido Popular de la época: el ex presidente José María Aznar, el ex ministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa y el ex secretario general de Política de Defensa Javier Jiménez Ugarte; así como el ex jefe de la cúpula militar, el almirante Antonio Moreno Barberá; el ex jefe del Ejército de Tierra Luis Alejandre; y el ex jefe de la Fuerza Aérea Eduardo González Gallarza.

Además, los abogados de las familias de las víctimas quieren que declare el actual presidente del Congreso, José Bono, quien dirigió la investigación interna en su etapa de ministro de Defensa; el teniente general José Antonio Beltrán, que encabezó la comisión enviada por Trillo a Turquía para repatriar los cadáveres y estuvo imputado en la causa; el diplomático Raimundo Ezquerra, cónsul general de España en Estambul; y el comandante jurídico Alberto Ruiz de los Paños, que fue el primero en advertir de las irregularidades; así como los forenses turcos que identificaron los 32 primeros cadáveres y avisaron de la imposibilidad de identificar a los restantes sin pruebas de ADN.

Grande-Marlaska ya dictó el 7 de julio un auto por el que daba por concluida la instrucción, pero el proceso se ha alargado hasta el 26 de noviembre para permitir la personación de varias compañías de seguros. Una de ellas ha presentado fianza de dos millones de euros, para garantizar el pago de la indemnización de 25.000 euros pedida por el fiscal para los parientes directos de las víctimas mal identificadas.

Además de esta causa, Marlaska instruye otra por las irregularidades en la contratación del Yak-42, en la que están imputados cinco mandos militares, incluido el ex jefe de la cúpula militar. Un tercer proceso, por la vía civil sigue pendiente en la Audiencia de Zaragoza. Tras la anulación del primer juicio, la vista debía haberse repetido el pasado día 24, pero se suspendió.