El Gobierno español estudia fórmulas para controlar los intercambios de archivos en P2P

El Gobierno español estudia fórmulas para controlar los intercambios de archivos en las redes P2P. La noticia trascendió tras el Consejo de las Telecomunicaciones de la Unión Europea, celebrado en Bruselas la semana pasada, que suprimió la enmienda 138 propuesta por el parlamento europeo que imponía la autorización judicial para cortar el acceso a Internet por descargas de archivos sujetos a derechos.

Con esta decisión, la UE dió vía libre al proyecto francés, liderado por Sarkozy, de cortar el acceso a Internet a aquellos navegantes que sigan descargando material protegido de las redes P2P tras recibir tres avisos para que dejen de hacerlo. La enmienda, con todo, puede ser resucitada por el parlamenti europeo. La supresión de la enmienda no supone que el resto de países de la UE estén obligados a aplicar la misma medida. Sin embargo, el Gobierno español ha admitido que estudia alguna fórmula de control de las redes P2P. El anuncio lo hizo el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, quien aseguró que el Gobierno no descarta reformas legales para que los operadores de telecomunicaciones puedan mandar avisos a los usuarios si descargan contenidos protegidos.

"Estamos analizando todas esas opciones para ver cuáles son las más adecuadas para poner en marcha en este sector", puntualizó el secretario de Estado. Ros afirmó que es necesario garantizar una "seguridad adecuada" de los derechos de los creadores y que al mismo tiempo los internautas "tienen que tener unas libertades de uso que también hay que respetar. El equilibrio nos parece que se puede conseguir". Las asociaciones de Internautas han interpretado estos comentarios como un indicio de que España podría seguir la senda francesa de control de la actividad de los internautas en las redes P2P. Según las leyes españolas, cualquier indagación sobre contenidos en el tráfico telemático ha de ser autorizado por un juez. Facua-Consumidores en Acción considera ilegal que el Gobierno abra la puerta a que las operadoras puedan avisar a los usuarios que descarguen contenidos protegidos. porque ello supondría un espionaje sin permiso judicial.