G-20: España, de lo regional a lo global

Durante las pasadas semanas se planteó un animado debate acerca de si España debía postularse, y de qué manera, para participar en la cumbre del G-8 + países emergentes que se celebró en Washington los días 14 y 15. Ante la opción por un formato que, en principio, nos dejaba fuera, el Gobierno puso en marcha una ofensiva dirigida a hacer real esa posibilidad. Causó sorpresa a muchos que la cuestión se sustanciara públicamente, pero el resultado demostró la plena compatibilidad entre la discreción que requieren las gestiones diplomáticas de importancia y la oportunidad de un debate público que implique a la propia sociedad. A la postre, el debate transparente sobre cuestiones relevantes, amplio e inclusivo, es condición indispensable para tomar conciencia de la trascendencia de determinadas posiciones y, además, en su caso, para fraguar consensos en torno a ellas.

El presidente del Gobierno supo asumir riesgos con una apuesta de gran calado político

Hay momentos que son decisivos para la historia de un país. Éste parece ser uno de ellos

Es evidente que nos encontramos ante una crisis del sistema económico internacional cuyo alcance todavía es difícil valorar. Y es evidente también que esta crisis llega en un momento decisivo para las relaciones internacionales, porque estamos asistiendo a un cambio de escenario que, con seguridad, instalará en el mundo un nuevo paradigma.

Frente a esto, las instituciones que inciden en la gobernanza global se muestran superadas por los acontecimientos. Naciones Unidas no es una organización pensada para administrar la globalización. Las grandes instituciones económicas, el FMI, el Banco Mundial, tienen problemas de legitimidad, de recursos, de falta de mandato... Por diversas razones, el G-8 no parece en absoluto un foro adecuado para estos fines y, mientras tanto, el gobierno político de la globalización se estanca en el comercio (Ronda Doha), en el cambio climático (Kyoto), en la regulación del modelo energético (precios), en la lucha contra la pobreza o en la política sobre la inmigración. Urge recomponer las estructuras institucionales del gobierno político y económico mundial para responder con eficacia a los grandes problemas globales.

En estas circunstancias, y ante la virulencia de la crisis financiera, el llamado G-20 sí puede ser un foro adecuado para, al menos, sentar las bases de un nuevo protocolo de actuación internacional. Grosso modo, este grupo de países comprende casi el 70% de la población global, más del 80% del PIB nominal mundial, entre el 70% y el 80% del comercio internacional y más del 60% de la superficie territorial del planeta. Sus miembros representan una influencia estratégica indudable que se reparte entre todas las regiones del mundo. Pero, además, permite reunir a los dirigentes políticos con el FMI y el Banco Mundial y con los bancos centrales, que no pueden sentarse en el G-8.

Pues bien, en este punto se abre la pregunta que viene siendo objeto de atención pública durante las últimas semanas: ¿hicimos bien en estar allí, hicimos bien en pugnar por abrir una posición a nuestro país en este foro? Es muy claro que sí; que sí, sin duda.

En los días previos al encuentro de Washington, menudearon en España las explicaciones que apelan al PIB, a la inversión en el exterior, al bienestar o a las infraestructuras, así como al prestigio internacional del modelo de supervisión bancaria y a la importancia de los mecanismos puestos en marcha por el Banco de España para eliminar del mercado productos complejos, difíciles de valorar y la exposición a los activos tóxicos del mercado americano.

Sin embargo, lo más importante es que vivimos en un mundo sin barreras, en el que la información y hasta los capitales fluyen en tiempo real. España no podía estar ausente de una reunión internacional que estaba llamada a ser el punto de partida de un proceso que afronte con mirada nueva el escenario global. No pudimos estar en Bretton Woods ni participar en la gestación de las grandes organizaciones internacionales de las que no formábamos parte porque nuestro sistema político estaba lastrado por la dictadura. Ahora se trata, más que de estar presentes en una simple reunión internacional, de hacer valer la posición de España en los ámbitos que pretenden gobernar la globalidad poniendo en marcha nuevas estrategias.

Nuestra participación en los foros y organizaciones internacionales ha evolucionado en paralelo a la situación política, al peso económico y a la apertura al mundo de España. La llegada de la democracia permitió el ingreso en instituciones como el Consejo de Europa, que se produjo en 1977 gracias al compromiso del Gobierno y la oposición de entonces de aprobar una Constitución que respetara la democracia pluralista y los derechos humanos. Casi al mismo tiempo se iniciaba el debate sobre instituciones que, como la OTAN o la Comunidad Económica Europea, exigían una cualificación y unas condiciones que aún no se daban y para las que también se requería un gran consenso.

Ese acuerdo se alcanzó. Los españoles y sus Gobiernos construyeron con gran esfuerzo el camino que llevó a nuestro país a ingresar en dichas organizaciones de carácter regional. Un amplio debate, a veces muy cargado de polémica, nos condujo a ello. En el caso de la OTAN se incorporó al programa de gobierno de Calvo Sotelo en su investidura, se debatió en el Parlamento y en 1986 sería objeto de un referéndum. Nuestro papel en el seno de la Unión Europea ha sido y sigue siendo objeto de debate público permanente, gozando en general de un amplio acuerdo entre los partidos políticos y la sociedad española. En 2005, más del 76% de los votantes apoyó en referéndum un mayor grado de compromiso con la Unión, con el apoyo de los grandes partidos políticos españoles.

Pero ambas organizaciones, la UE y la OTAN, tienen carácter regional. El mundo ha cambiado mucho en estos años. Ahora se trata de dar el salto desde lo regional a lo global. Ahí tenemos mucho que decir, porque la historia española de los últimos 30 años es una historia de éxito en los terrenos económico, social y político, y también porque tenemos una privilegiada capacidad de interlocución que nos concede la posición geopolítica, la cultura y la historia.

La decisión de poner en marcha una operación diplomática dirigida a participar en la reunión de Washington y en las cumbres subsiguientes tuvo gran calado político y supuso ciertas dosis de riesgo para el presidente del Gobierno. No pocos países destacados se han quedado fuera de este proceso: Suecia, miembro del G-10 y con un PIB per cápita que casi dobla el de España; Polonia, que podría haber representado a toda Europa central y del Este; Pakistán o Nigeria, que rondan cada uno los 150 millones de habitantes; o Chile, que tiene gran relevancia regional.

Lo más importante, en todo caso, es que esta recién inaugurada presencia de España en los primeros niveles de decisión no puede ser el proyecto de un Gobierno concreto, sino de todos los ciudadanos. Ya fue un objetivo prioritario para anteriores Gobiernos, pero tal vez el error entonces fue no compartir con todo el país ese objetivo estratégico, no convertirlo en un gran asunto común.

Hay momentos que son clave para la historia de un país. Éste parece uno de ellos. Y aquí hay que aplicar el esfuerzo de todos, ciudadanos y formaciones políticas. Es la hora de un gran acuerdo, interno e internacional, sobre la naturaleza de los grandes cambios que afectan al planeta, sobre el significado de los problemas estructurales que tiene planteada la humanidad y sobre las exigencias que representa la posición y la imagen de España en el mundo. Es la hora de recuperar consensos históricos vividos por nuestra democracia, la hora de la unidad que, por supuesto, es perfectamente compatible con el pluralismo político que en nuestro sistema es considerado como un valor constitucional.

La reunión del G-20 indujo a distintas regiones del mundo (Latinoamérica, Asia y desde luego la UE) a concertar con carácter previo la postura que allí iban a defender sus representantes. También ha permitido en España concitar la aproximación de los líderes políticos de los partidos mayoritarios, sin duda convencidos de que el momento que estamos viviendo requiere la construcción de un camino común que permita situar a España en el lugar que le corresponde en el escenario internacional.

Gustavo Suárez Pertierra es presidente del Real Instituto Elcano.