Cotino reclama un pacto nacional para financiar la dependencia

Juan Cotino, vicepresidente del Consell y responsable de Bienestar Social, reclamó ayer un pacto nacional que permita financiar la aplicación de la ley de Dependencia. Según Cotino, "el espíritu original de la norma" establecía que el Estado cubriría un tercio del coste de la atención a los dependientes, las comunidades autónomas otro y, finalmente, los propios afectados, salvo casos extremos, el tercio restante. "Pero eso está pendiente de desarrollo reglamentario", afirmó Cotino, "¡dos años después, todavía no se han aclarado!" El vicepresidente del Consell aseguró que esa falta de desarrollo explica la oposición del Govern de Cataluña a aplicar la ley de Dependencia. Cotino evitó hacer explícita su negativa a aplicar la norma estatal, pero aseguró que "sin un nuevo pacto de Toledo" -el acuerdo sobre el que se sustenta el sistema público de pensiones- es imposible que las comunidades autónomas asuman los costes que implica atender a los dependientes.

Oltra denuncia la opacidad a la hora de externalizar todos los servicios

Cotino compareció en las Cortes ante la comisión de Hacienda para celebrar que los presupuestos de Bienestar Social para 2009 rozan los 600 millones de euros y crecen un 7,2%, más del doble que la media y por encima de cualquier otra partida, salvo la de Gastos Diversos, que cubrirá el nuevo modelo de transferencias a Ràdio Televisió Valenciana.

El vicepresidente recordó que ha creado una nueva secretaría autonómica para "agilizar" la tramitación de las solicitudes de la prestación por dependencia, pero puso el énfasis en las líneas de atención a las familias, a los menores o para el fomento de la adopción de menores con necesidades especiales a través del programa + vida que impulsa su departamento.

Antonio Torres, del PSPV, acusó directamente a Cotino de "hacer caja" a través de una lectura sesgada de las prestaciones por dependencia. Según Torres, Bienestar Social se ha limitado, hasta la fecha, a registrar como dependientes a todos aquellos ciudadanos susceptibles de recibir las ayudas y que "ya están ingresados" en residencias que "ya paga" la Generalitat. Una vez declarados, los mismos servicios se cubren con una subvención estatal que cubre la mitad de los costes.

Mònica Oltra, de Compromís, apuntó al espectacular alza de gastos que registra el capítulo II de la Consejería de Bienestar Social, 44 millones de euros que arrojan un crecimiento del 30% respecto al ejercicio anterior, y revelan una voluntad de "externalizar" toda la prestación de servicios de atención a menores, discapacitados o dependientes. Según Oltra, las concesiones desde Bienestar Social son "opacas" y resulta completamente imposible para la oposición desentrañar a quién y cómo se adjudica la prestación de los servicios.

Cotino replicó a Oltra: "Cuando uno vive en un cuarto oscuro, todo lo ve oscuro, y eso tiene difícil solución". Y a Torres le afeó el retraso del Gobierno central en la distribución de fondos para aplicar la dependencia. El vicepresidente esgrimió un convenio acordado el pasado mes de abril y que comprometía al Estado a transferir 25 millones de euros a la Generalitat y aseguró que "apenas anteayer", el Gobierno le trasladó los papeles para la firma del convenio junto a un primer ingreso de 12 millones de euros a cuenta del acuerdo en cuestión.

De acuerdo con el guión, Cotino aseguró que es imprescindible aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica para que la Generalitat pueda atender los servicios que debe prestar a los valencianos y anticipó que si el Estado transfiriera mil millones de euros más a la Comunidad Valenciana para 2009, "el 6% se destinaría a atención a los discapacitados, el 14% a la aplicación de la ley de Dependencia y el resto a Sanidad y Educación", dos consejerías que consumen cerca del 70% del gasto público previsto en los presupuestos de la Generalitat para 2009.