La Diputación de Granada releva al cargo acusado de acoso laboral
La destitución del coordinador de seguridad de la Diputación de Granada ha sido fulminante. La decisión de su relevo se tomó sólo un día después de conocerse una sentencia que establece que Juan Carlos Adarve y la empresa adjudicataria del servicio de seguridad de la Diputación acosaron laboralmente a una vigilante.
La sentencia detalla que el motivo del acoso fue que la trabajadora se negó a facilitar a Adarve nombres de compañeros a los que "se podía echar" para contratar a otros, "militantes del PSOE, familiares o amigos de éstos".
La Diputación, gobernada por PSOE e IU en coalición, negó ayer los hechos y aseguró que "jamás" ha ordenado el despido de ningún trabajador ni la contratación de militantes socialistas.
El PP consideró tardío el relevo y pidió al presidente de la institución, Antonio Martínez Caler, que asuma su responsabilidad y dimita por "dignidad moral".
Auditoría
El PSOE anunció, además, la contratación de una auditoría externa para analizar la prestación del servicio por parte de la empresa adjudicataria de la seguridad, Segurisa SA, a la que el juez ha ordenado la readmisión de la trabajadora despedida, y a la que deberá abonar los salarios que dejó de percibir.
El grupo socialista, a través de un comunicado, indicó que no hubo acoso laboral en la Diputación, aunque el fallo judicial considera probado que sí lo hizo el coordinador destituido.
Igualmente, el gobierno de la Diputación anunció la creación de una comisión de investigación integrada por PSOE, IU y PP. Los populares, que la reclamaron hace cinco meses, afirmaron que esta decisión "llega tarde" y acusaron al gobierno de "lavar su conciencia" con este caso con la creación de la comisión.
La sentencia del juzgado de lo Social explica que durante el proceso judicial quedó probado que era "habitual" que cuando se debía cubrir algún puesto entre los vigilantes de seguridad "se acudiera a personas cercanas al PSOE, siendo Juan Carlos Adarve quien indicaba el nombre de quien podría ser contratado". El PSOE recalcó ayer que no se tomó ninguna decisión "ajena a la legalidad".
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