El Gobierno incumple la Ley de Incompatibilidades desde 2006

Los ciudadanos no pueden acceder a los patrimonios declarados de los parlamentarios, ni de los altos cargos, ni de los alcaldes. En el primer caso, la ley no permite conocer los datos y en los otros dos no es posible tener acceso porque no se han desarrollado las leyes que pretendían dotar de transparencia a las declaraciones de patrimonio de altos cargos de la Administración central y de los regidores.

El caso más llamativo es el de los miembros del Gobierno, es decir, ministros y secretarios de Estado, sobre los que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero incumple desde hace ya dos años la Ley de Incompatibilidades que aprobó a bombo y platillo en abril de 2006. Esa norma, consecuencia de una promesa electoral formulada por el propio presidente del Gobierno en marzo de 2004, prevé en su artículo 14 que la relación de bienes de los ministros y secretarios de Estado sea publicada en el Boletín Oficial del Estado. El problema es que ese precepto se remite a un futuro reglamento, para cuya aprobación establece un plazo de cuatro meses, a contar desde abril de 2006. Como dos años después el reglamento no se ha aprobado, la Ley de Incompatibilidades de la anterior legislatura ha quedado en papel mojado.

El Ejecutivo frena la publicación en el BOE del patrimonio de sus miembros

En diciembre de 2006, el entonces ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, elaboró un reglamento que fue sometido a consultas en el Consejo de Estado. El informe fue favorable, pero el texto quedó definitivamente bloqueado en La Moncloa.

Fuentes del Gobierno aseguran que no hay ninguna previsión a corto plazo para aprobar ese reglamento que obligaría a publicar en el BOE la declaración de bienes de ministros y secretarios de Estado, con la única limitación de preservar la seguridad. En este momento todos los altos cargos están obligados a hacer esa declaración de patrimonio, pero los datos se depositan en el Ministerio de Administraciones Públicas, no pueden ser consultados y ni siquiera es posible comprobar su veracidad.

El apartado del proyecto de Ley de Incompatibilidades que preveía la publicación en el BOE de esos patrimonios ya se encontró con serias resistencias cuando se discutió en el Consejo de Ministros a finales de 2005, a pesar de que fue una promesa incluida en el programa que elaboró Jesús Caldera en 2004. Según un miembro del Gobierno, en aquel debate del Gabinete hubo reticencias del presidente, de los dos vicepresidentes y de destacados ministros como el entonces titular de Trabajo, Jesús Caldera. Pese a todo se incluyó en el proyecto y resistió la tramitación parlamentaria, pero no el desarrollo en el reglamento, a pesar de que se estableció que sólo se hiciera público la cifra global de los patrimonios, sin detallar los bienes.

Hay alguna comunidad como Castilla-La Mancha donde ya se hacen públicos los patrimonios de los consejeros. La iniciativa en ese caso fue del entonces presidente autonómico José Bono.

Ese reglamento bloqueado establecía también el funcionamiento de una nueva Oficina de Conflicto de Intereses y un control parlamentario de su actuación. Al no haber reglamento, tampoco se cumple ese precepto de la ley. En el caso de los concejales, la Ley de Suelo aprobada en la anterior legislatura establecía, como fórmula para combatir la corrupción, la publicación de los patrimonios de alcaldes y ediles.

La norma, impulsada por la entonces ministra María Antonia Trujillo, rescataba un precepto que se incluía en un borrador de la Ley de Bases de Régimen Local que el Gobierno no logró aprobar la pasada legislatura. El problema es que también quedó finalmente en papel mojado porque no se ha desarrollado.

El artículo aprobado en 2007 se remitía a un reglamento posterior que tampoco se ha aprobado. Concretamente hablaba de un "estatuto municipal", que no se ha elaborado. Sólo en algunos ayuntamientos se ha tomado la decisión de aplicar por su cuenta la ley y se han hecho públicos esos patrimonios de alcaldes y concejales.