La Xunta busca una nueva fórmula para compensar a los ex altos cargos

La Consellería de Presidencia, que dirige José Luis Méndez Romeu, está considerando la modificación del sistema retributivo de los altos cargos en el marco del debate sobre la reforma de la Administración en general y de la Ley de la Función Pública en particular. El establecimiento de compensaciones para aquéllos que procedían de la función pública, que provocó una intensa polémica en la reforma de la ley en 2007, es consecuencia de cómo está organizado el sistema retributivo de los funcionarios y no "fue bien entendido", según Mar Rodríguez Fernández, directora general de la Función Pública. Ahora, al hilo de la reforma legal que está preparando la consellería, será necesario "abordar ese sistema retributivo y la situación del personal directivo público, que ahora mismo está sin regular".

"Si no existe una indemnización por despido, habrá que crearla"

La reconsideración del sistema retributivo también tendrá que tener en cuenta, asegura la directora general, los elementos que hacen faltan "tanto para captar buenos profesionales" como para regular su salida de la Xunta. "Si en la Administración pública no existe una indemnización por despido, por así decirlo, habrá que crearla o habrá que crear un mecanismo, que no tiene por qué ser ése", explica Mar Rodríguez. "El objetivo es que el ejercicio profesional en el ámbito público no penalice al que lo desarrolle, igual que en una empresa privada; en una empresa privada, cuando se rescinde un contrato se indemniza". El sistema "tiene que cambiar" hacia un modelo "que piense más en lo que se hace que en dónde se está". "Y si queremos motivar para que las cosas se hagan bien, tendremos que cambiar ese componente retributivo". De ahí que sea necesario resolver, entre otras cosas, "cómo captamos buenos profesionales" y "cómo evitamos que ejercer un cargo público penalice". Y para hacerlo, "las soluciones pueden ser miles".

La revisión retributiva es uno de los aspectos más llamativos de la reforma administrativa que la Xunta quiere poner en marcha y que arrancó de la reforma de la ley en 2007. Aquella modificación, recuerda la directora general, fue impulsada para resolver los cambios más urgentes, sin tiempo para desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público que regula la función pública en el conjunto de España. Ese estatuto abre la puerta a un modelo de función pública adaptado a cada autonomía "e introduce un elemento más importante: el discurso de la eficacia y la eficiencia en la administración", destaca Rodríguez. "Para llevar a cabo esa adaptación es para lo que hace falta una nueva ley de la Función Pública", explica, aunque es posible que "la reforma de la Administración no se agote con esa ley". Porque "hay que tener en cuenta aspectos organizativos, que no entran estrictamente en una ley de función pública".

Uno de ellos, señala a modo de ejemplo, deriva del hecho de que ahora "ya no se trata sólo de garantizar el cumplimiento de normas, sino de prestar un buen servicio y hacerlo a un coste sensato". En esa dirección, la Xunta se propone "promover un debate en torno a cuál debe de ser el modelo de administración pública". El punto de partida son las conclusiones del trabajo realizado durante el último año por una comisión de expertos formada por representantes de los ámbitos sanitario y educativo y de la Administración local, en la que también han participado una empresa privada y la Administración autonómica. "Esa comisión lo primero que ha hecho es ver dónde estamos y qué posibilidades abre el Estatuto a la hora de abordar esa regulación en el ámbito autonómico".

A partir de ahí, y después de escuchar las opiniones de las organizaciones sindicales, los empresarios o las cámaras de comercio, entre otras entidades, la Xunta quiere definir qué modelo de Administración va a desarrollar. "Si estamos hablando de una Administración que parte de que no sólo tiene delante a alguien que le puede exigir sino que tiene que prestar un servicio y prestarlo bien, yo tengo que escuchar a más gente que a los propios funcionarios", razona la directora general.

En el ámbito privado, recuerda Mar Rodríguez, no hay ninguna organización que cada cuatro años pueda cambiar absolutamente sus estructuras de responsabilidad, que es lo que ocurre en el ámbito público. "Por tanto", concluye, "sólo hay un objetivo sostenible a lo largo del tiempo en este ámbito: la satisfacción del ciudadano, la prestación del servicio con el mayor nivel de eficiencia".

El Estatuto Básico ha aprobado un código ético paras los funcionarios que incorpora el criterio de eficiencia, "hacer las cosas bien con el menor coste posible". "Eso en el ámbito público es casi una revolución" porque antes sólo "había una cultura del cumplimiento de la norma".

Con un programa tan abierto, lo que Presidencia no ha hecho es fijar plazos para completar la reforma. "Es complicado de calcular" porque "debe ser un debate tranquilo", concluye la directora general.