De Cospedal: "No hay alternativas a Hernando y López"

"No hay alternativas", dijo ayer la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, cuando le preguntaron por las posibilidades de negociación de los cuatro puestos de magistrados del Tribunal Constitucional que debe nombrar el Senado. La afirmación es algo más que una posición negociadora, es una realidad. De los 23 candidatos que los parlamentos autónomos han enviado al Senado para que elija a cuatro, el PP sólo apoya a Francisco José Hernando y Enrique López, que para el PSOE son dos bestias negras de la judicatura e inasumibles. El PP no sólo insiste en que esos son sus únicos candidatos, sino que, reglamentariamente, ni siquiera puede ya retirarlos.

Cada partido elegirá a dos y los votos de ambos son imprescindibles. Si no votan cada uno a los del otro, no hay renovación.

Cospedal: "Ya se llegó a un acuerdo. Que Zapatero cumpla su palabra"

Pese a las advertencias públicas, ayer, de José Antonio Alonso, el negociador del PSOE, que se plantó ayer contra Hernando y López, el PP acusó a los socialistas y al presidente del Gobierno de no respetar los pactos previos que excluían los vetos mutuos a los candidatos propuestos. De Cospedal pidió al presidente del Gobierno que "cumpla su palabra" y "respete las designaciones de los parlamentos autónomos". En las comunidades autónomas, el PP sólo ha propuesto estos dos nombres.

"Aquí pueden pasar dos cosas: que Zapatero cumpla su palabra o que no la cumpla. Sería un incumplimiento más de la palabra de Zapatero", dijo. Al PP, además, no le preocupa en absoluto que el Constitucional siga en funciones. Actualmente, las fuerzas están equilibradas entre progresistas y conservadores para la deliberación del Estatuto catalán. Tras la renovación, los progresistas serán mayoría.

En teoría, la renovación del alto Tribunal fue pactada por José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy en su reunión de julio en La Moncloa. El PP lleva días insistiendo en que parte del acuerdo era que no hubiera vetos a ningún candidato, algo que Alonso ha admitido en público. Pero, según el PSOE, ese pacto se basaba en la presunción de que ambos partidos propondrían personas imparciales y no contaminadas por sus posiciones públicas.