La fiscalía francesa pide procesar al ex primer ministro Villepin

La fiscalía de París ha dado marcha atrás y ha decidido pedir el procesamiento del ex primer ministro francés Dominique de Villepin por su implicación en el llamado caso Clearstream. Se trata de un supuesto asunto de corrupción basado en un falso listado de cuentas corrientes de la sociedad financiera luxemburguesa de ese nombre, que habría sido utilizado para acabar con la carrera política del actual presidente, Nicolas Sarkozy, en 2004, cuando éste ocupaba la cartera de Interior.

Los conspiradores pretendían que estas cuentas corrientes habrían servido para recibir comisiones por la venta de varias fragatas de la empresa francesa Thompson a Taiwan.

Villepin, que ocupaba entonces el Ministerio de Asuntos Exteriores, involucró en el asunto al general Philippe Rondot, un personaje clave de los servicios de inteligencia franceses.

Fueron las notas que éste tomaba a diario, tal vez para protegerse, las que permitieron a los jueces descubrir el montaje que, según muchos indicios, podría tener su origen en el entonces presidente de la República, Jacques Chirac, a quien le cubre la inmunidad pues los hechos sucedieron mientras ocupaba el cargo.

El fiscal Jean-Claude Marin, que el pasado 3 de junio había renunciado a presentar cargos contra Villepin por considerar que no había suficientes pruebas, pidió entonces más información a los jueces instructores Jean-Marie d'Huy y Henri Pons, que interrogaron por enésima vez al ex primer ministro conservador.

Algo debió escapársele al último jefe de Gobierno del presidente Jacques Chirac, porque Marin cree ahora que Villepin sabía que los listados que entre mayo y octubre de 2004 hizo llegar a la justicia uno de sus subordinados, Jean-Louis Gergorin, eran falsos.

Por ello ha pedido a los jueces que se le juzgue en el Tribunal Correccional por "complicidad en denuncia calumniosa"; concretamente, según la última edición del semanario Le Point, la requisitoria es por "complicidad por omisión".

Olivier d'Antin, uno de los abogados de Villepin, calificó la decisión de la fiscalía de "sorprendente e incluso incoherente". En su opinión, su cliente es "el trofeo" imprescindible de un proceso "en el que la justicia ha gastado ya tanto tiempo y dinero que se hace difícil imaginárselo sin Villepin".

La pelota está ahora en el tejado de los jueces Henri Pons y Jean-Marie d'Huy, que deben decidir si aceptan la petición del fiscal. Si lo hacen, el ex primer ministro deberá hacer frente a los cargos de "complicidad en denuncia calumniosa", "complicidad en el uso de documentos falsos" y "encubrimiento de robo y de abuso de confianza", que podrían suponerle una condena de hasta cinco años de cárcel.

Junto a Villepin hay otras cuatro personas imputadas en el caso Clearstream: el supuesto autor material de las listas, el informático Imad Lahoud; el ex directivo del consorcio aéreo europeo EADS y asesor especial del Ministerio de Exteriores cuando sucedieron los hechos, Jean-Louis Gergorin; el periodista que investigó el caso de la venta de las fragatas de Taiwan, Denis Robert, y el auditor Florian Bourges.