Absueltos 13 directivos de FARA de apropiarse de subvenciones públicas

El caso del presunto desvío para enriquecimiento personal de algunos de sus dirigentes del dinero de ayudas y subvenciones públicas recibidas por la Federación Andaluza de Asociaciones Romaníes (FARA) ha quedado sustanciado sólo como un asunto de amenazas y coacciones contra el que fuera consejero de Asuntos Sociales Isaías Pérez Saldaña. La sentencia hecha pública ayer por la Audiencia Provincial de Málaga sólo condena a cuatro de las 13 personas contra las que el fiscal formuló acusación y absuelve a todos ellos de los delitos de apropiación indebida y blanqueo de capitales "como consecuencia de la falta de prueba derivada de la anulación de las intervenciones telefónicas".

La condena más importante es para el ex presidente de la FARA, Vicente Rodríguez Arribas, a quien se le han impuesto 33 meses de prisión por un delito de amenazas y otro de coacciones. El ex presidente de la Asociación Pro Derechos de los Gitanos y Gitanas (Prodegi) José Maldonado Sandoval ha sido condenado a 15 meses de prisión por amenazas.

Ambas condenas se refieren a la intimidación realizada sobre el ex concejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, cuando a comienzos de 1999 éste decidió suspender las subvenciones públicas a la organización de ayuda al pueblo gitano tras tener conocimiento de que la nueva cúpula directiva se había hecho con las riendas de FARA de forma violenta. En el juicio celebrado hace cuatro meses, Pérez Saldaña relató un robo sufrido en su domicilio en el que sus autores parecieron tener más bien una intención de aviso, al dejar esparcidas sobre una cama las joyas que había en la vivienda. También dijo haber recibido llamadas telefónicas intimidatorias, en una de ellas se le advertía de que "tuviera cuidado" con las decisiones que tomaba sobre FARA.

El fiscal llegó a acusar a los procesados de apropiarse de 1,2 millones de euros de las subvenciones públicas mediante una trama de facturas falsas, recibos duplicados o traspasos de dinero y pidió penas que sumaban 88 años de cárcel para 13 de los 15 procesados. Pero la principal prueba incriminatoria, las escuchas telefónicas, fueron anuladas por la Audiencia de Málaga. Las penas impuestas a los cuatro condenados sólo suman siete años.

Además de las condenas por amenazas y coacciones, la sentencia impone 18 meses de prisión a Raimond Hilu Ibrahim y Valeriano García García por falsedad en documento mercantil.

Pese a no determinar condena por la apropiación indebida, la sala ha dispuesto que se comunique la sentencia a los organismos que subvencionaron a FARA "a fin de que, en su caso, puedan adoptar o instar ante quien corresponda las medidas de aseguramiento reales a fin de asegurar la devolución de los importes no justificados".