IU pide a Zapatero que detenga la privatización de la sanidad en Madrid

¿La concesión a empresas privadas de hospitales y centros de salud es una forma encubierta de privatizar la sanidad pública en la Comunidad de Madrid? Izquierda Unida cree que si lo que ocurre en Madrid no es privatizar se le parece mucho. Para este grupo, el asunto es de tal envergadura y gravedad que debe intervenir el Gobierno de España, a sabiendas de que las competencias de sanidad las tiene al completo la comunidad autónoma. No obstante, desde el criterio de los juristas que han estudiado las iniciativas de IU, por encima de las leyes regionales está la Constitución, que señala a la Administración central como garante y prestador del sistema de salud para todos los españoles.

La concesión es un paso intermedio para la entrega a los empresarios

Ésta es la razón por la que el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, va a provocar en el Congreso de los Diputados un debate que tiene como fin instar al Gobierno a que intervenga y, si es posible, que presente un recurso ante el Tribunal Constitucional. Todo para que se analice la actuación del Gobierno regional que preside Esperanza Aguirre en materia sanitaria. Esta petición ha tomado carta de naturaleza como proposición no de ley que será debatida en el Pleno del Congreso.

Por esta proposición, el Congreso de los Diputados "insta al Gobierno, en el marco de sus competencias en la garantía de Servicio Público de Salud, a estudiar la posible incompatibilidad de la generalización de la figura de la concesión a empresas privadas de hospitales y centros de salud en la Comunidad de Madrid, con el mantenimiento de la sanidad como servicio público tal, como contempla la Constitución". En el segundo punto de la proposición pide al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que "promueva en su caso recurso de inconstitucionalidad contra la generalización de la figura de concesión a empresas privadas de centros sanitarios en la comunidad autónoma de Madrid, pidiendo la paralización de dichas concesiones". Por último, se pide al Gobierno de la nación que mantenga informado al Parlamento de sus acciones "a lo largo de 2009".

Pero habrá más iniciativas en el afán de utilizar todos los instrumentos jurídicos y políticos posibles. Así, Llamazares pedirá al Defensor del Pueblo que contemple la posibilidad de dirigirse al Tribunal Constitucional.

"Se empieza con la privatización formal, se continúa con la privatización funcional y se acaba con la privatización total", según apreciación de Llamazares, como síntesis de la visión de este grupo político. La acción coordinada ante el Parlamento y del Defensor del Pueblo puede contribuir a paralizar la dinámica privatizadora ostensible, para IU, en los nuevos hospitales y que ahora se dirige "hacia la joya de la corona, los grandes hospitales, como La Paz y el Ramón y Cajal", barrunta este dirigente político, médico de profesión.

Pero la proposición no de ley que se discutirá en el Congreso se aleja de consideraciones o juicios de valor políticos para centrarse en aspectos jurídico-constitucionales. En España se abrió por ley en 1.997 la posibilidad de utilizar "nuevas formas de gestión en el Sistema Nacional de Salud", aunque siempre con el mantenimiento de "la condición de servicio público de la actividad", con independencia de que se preste en régimen de derecho público o privado. Ahora bien, "la generalización de la gestión indirecta de servicios públicos por empresas privadas puede ser un paso intermedio en el camino hacia la entrega al sector privado de la prestación de esa actividad", se lee en la proposición parlamentaria.

En paralelo continúa la batalla dialéctica entre el gobierno central, el PSOE y el PSM con el gobierno de Esperanza Aguirre. La presidenta y su equipo acusan al gobierno de Zapatero de maltratar a los madrileños con la disminución de inversión en los Presupuestos Generales del Estado.

El Gobierno socialista lo niega, con la contraposición de otras cifras a la disminución, en efecto, de un 4,70% en la distribución del dinero del Estado para 2009 en Madrid. Además, el PSM reprocha al gobierno de Aguirre que no haya utilizado en sanidad todo el dinero que el gobierno central le dio para ese capítulo.