El Gobierno exige a Madrid que frene la objeción a Ciudadanía

Penúltimo aviso antes de ir a la justicia. El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte ha remitido a la Comunidad de Madrid un requerimiento para que retire en un plazo de dos meses las instrucciones enviadas a los centros de secundaria que amparan la objeción a Educación para la Ciudadanía (EpC). La Comunidad ya ha dicho que seguirá adelante con su plan de objeciones. Pero si no hay cambios, el ministerio presentará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El requerimiento es un primer paso, una llamada de atención entre administraciones que no se había producido en otras comunidades autónomas. Se debe a que Madrid no ha elaborado una normativa concreta para rechazar la asignatura, como hizo la Comunidad Valenciana al regular que se impartiera en inglés, sino que se ha limitado a enviar circulares a los centros de secundaria con objetores. Las instrucciones, remitidas en septiembre, establecían como materia alternativa un trabajo individual sobre la Constitución española y actividades de voluntariado para quienes rechacen cursar EpC. El requerimiento, remitido por la secretaria de Estado, Amparo Valcarce, a la consejera de Educación, Lucía Figar, reclama "la anulación" de esas órdenes que amparan motivos de conciencia y de libertad ideológica de los padres. Se basa en el artículo 149.1 de la Constitución para señalar que las condiciones para obtener títulos académicos las debe fijar el Estado y que la LOE establece que le corresponde al Gobierno "fijar los aspectos básicos del currículo y a las comunidades autónomas aprobar el currículo del que formarán parte, en todo caso, dichos aspectos básicos" de la enseñanza primaria y secundaria, que son obligatorias.

Un portavoz del ministerio asegura que la carta fue enviada el 30 de septiembre. Otro portavoz de la Consejería de Educación indica que aún no han recibido ese requerimiento y que se pronunciarán cuando lo estudien. Pero el Gobierno de Aguirre ya ha reaccionado. El consejero de Presidencia, Francisco Granados, declaró ayer que seguirán adelante con las objeciones porque "la ley lo primero que garantiza es la libertad de los padres a dar la educación que consideren oportuna a sus hijos".

Granados, como también apuntaba la circular a los centros, recordó que varios tribunales superiores de justicia de otras comunidades (Andalucía y La Rioja) han amparado la objeción. En el requerimiento, el Ministerio de Educación les recuerda que esas sentencias "sólo afectan a las partes" -el Estado y la región en concreto- y que, además, los altos tribunales de Asturias, Baleares, Cantabria, Navarra y Valencia han rechazado que se pueda objetar.

Más de 110.000 alumnos recibirán este curso la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Las objeciones representan menos del 1% del total. El Ministerio de Educación ya ha advertido en varias ocasiones que no cursar la materia es lo mismo que no asistir a matemáticas, porque es obligatoria.

A Juan José Bazán, portavoz de una plataforma de padres objetores de Madrid con una veintena de miembros, no le preocupa. "Prefiero que mi hija suspenda la asignatura antes de que reciba una formación moral que prefiero darle yo", asegura este hombre cuya hija estudia 2º de ESO en el centro Senara, del Opus Dei. "Es una asignatura que habla de la libertad y de la familia, y no quiero que nadie le enseñe a mi hija que hay más modelos de familia que el formado por un hombre y una mujer, aunque existan".