Los tres partidos piden que no se hagan más embalses

Los tres partidos aprobaron ayer por unanimidad una proposición no de ley que insta a la Xunta a pedir al Gobierno central la paralización de las concesiones de aprovechamientos hidroeléctricos en la cuenca hidrográfica Miño-Sil hasta que se elabore un estudio para conocer si está o no saturada.

El acuerdo fue el resultado de la iniciativa presentada por la diputada del BNG Ana Belén Pontón y las enmiendas que interpusieron los grupos parlamentarios socialista y popular. El consenso permitirá solicitar al Ejecutivo central los estudios que evalúen el impacto medioambiental y social de los embalses y las minicentrales que hay en la cuenca Miño-Sil, además de los aprovechamientos en proyecto o en cualquier otra fase de ejecución. La parlamentaria nacionalista aseguró que en la actualidad hay 77 centrales hidroeléctricas en la cuenca. "Más del 80% de ellas están en territorio gallego y una parte importante son grandes embalses", añadió Pontón.

La diputada del BNG explicó que hay 20 proyectos de aprovechamientos hidroeléctricos con concesión firme y sin proyecto constructivo, y 44 solicitudes que se encontraban en fase de tramitación a finales de 2007. "Esto significa que el número de embalses puede llegar a duplicarse", alertó Pontón, quien añadió que los ríos gallegos "están saturados y sufren daños difíciles de reponer". El texto pactado recoge la petición de iniciar los expedientes de caducidad sobre las concesiones y revisar los títulos que ampararon los embalses para extinguir los que estén en situación irregular.

"Negocio con el agua"

La diputada del PSdeG Laura Seara acusó al PP de "hacer negocio con el agua y con los recursos naturales". Durante los últimos meses del Gobierno de Fraga, recordó, la Xunta autorizó la concesión de 49 centrales hidroeléctricas. "Primaron criterios economicistas y se obviaron informes medioambientales desfavorables", señaló. Seara afirmó que el actual Ejecutivo autonómico promueve un modelo que "evita la sobreexplotación".

El parlamentario popular Enrique López Veiga encontró apropiada la iniciativa del BNG -"porque estamos en un momento de crisis energética"- y recordó que cualquier modificación del medio natural debe tener "beneficios claros" para Galicia y para los ciudadanos afectados por las infraestructuras.