El Parlamento tramita la Ley de Servicios Sociales sin el apoyo del PP

Anxo Quintana reclamó ayer para la nueva Ley de Servicios Sociales un consenso similar al que generaría la universalización de la educación o la sanidad. "Altura de miras", resumió. Pero el PP no recogió el guante, y mantuvo su enmienda a la totalidad ante un proyecto que tachó de "papel mojado".

El PP afirma que la ley es "papel mojado" porque no hay fondos para aplicarla

Anxo Quintana reclamó ayer para la nueva Ley de Servicios Sociales un consenso similar al que generaría la universalización de la educación o la sanidad. "Altura de miras", resumió. Pero el PP no recogió el guante, y mantuvo su enmienda a la totalidad ante un proyecto que tachó de "papel mojado". Los populares basaron su rechazo en los incumplimientos de la Ley de Dependencia, que restan "credibilidad" al proyecto de Vicepresidencia. PSOE y BNG tumbaron con sus votos la enmienda del Grupo Popular, por lo que el Parlamento admitió el proyecto a trámite. El vicepresidente de la Xunta invitó a la oposición a enriquecer la ley durante su paso por la Cámara autonómica.

Una de las determinaciones de la norma que Quintana admitió como mejorable es el sistema de financiación. Tras la resistencia de los alcaldes gallegos, liderada por el presidente de la Fegamp, el socialista Carlos Fernández, la Xunta renunció a obligar a las administraciones locales a consignar el 7% de su presupuesto para gastos de naturaleza social. Finalmente, la ley se limita a recomendar que se alcance ese porcentaje en el plazo de seis años. Para el PP, se trata de un brindis al sol. "Esta ley es papel mojado, no garantiza la cobertura de los derechos que consagra, carece de memoria económica y deja al Gobierno sin dinero para aplicarla", acusó la diputada popular Marta Rodríguez Arias. Quintana, en cambio, valoró que la ley "marca un horizonte y llama a la responsabilidad de las instituciones". "Pero si hay otro mecanismo mejor, plantéenlo", retó al PP.

El instrumento rector de la ley será el Plan Estratéxico, que se elaborará cada seis años para definir objetivos y mecanismos de control. La nueva norma plantea la elaboración de un catálogo de servicios, programas y prestaciones que será exigible como derecho. Tres nuevos instrumentos tratarán de racionalizar las intervenciones: la tarjeta social, el expediente social básico y la figura del profesional de referencia, equivalentes a la tarjeta sanitaria, la historia clínica y el médico de cabecera. Para hacer posible el acceso a los servicios, se prevé la creación de la Axencia Galega de Servicios Sociais. La ley introduce la figura de las áreas sociales, unidades territoriales de referencia para la planificación de los servicios. Esa distribución se plasmará después en el Mapa Galego de Servicios Sociais. La configuración del sistema se completará con el Consello Galego de Benestar, el Observatorio de Servizos Sociais y una Mesa Galega de Servicios Sociais.

La nueva normativa, explicó el vicepresidente de la Xunta, "hace de los servicios sociales una política de primera línea" y supondrá "un gran paso adelante en la producción legislativa de carácter nacional". El gran avance, añadió, consiste en "pasar de un viejo modelo asistencialista hacia uno nuevo de gestión del bienestar", caracterizado por la universalización de los servicios sociales, "que se elevan a la categoría de derechos". El también líder del BNG enumeró los principios rectores de la ley: "La universalidad, la innovación en la gestión, la planificación, la participación, la calidad, la colaboración, la corresponsabilidad financiera y el control y la garantía pública".

El Partido Popular convirtió su rechazo a la ley en una censura global a la Vicepresidencia de la Xunta. "Llevan tres años defraudando a los gallegos que creyeron en sus promesas de cambio, y más de un año a los que esperan por las ayudas que prometieron", acusó Marta Rodríguez Arias. La gestión de Quintana, añadió, "es la de las tres efes: fraude, frustración y fábula". "Le avala un historial de incumplimientos", acusó la diputada, que calificó los nuevos instrumentos previstos por la ley de "chiringuitos".

Rodríguez Arias reclamó a Quintana que explique por qué retiró de la ley la obligación de destinar el 7% de los presupuestos de los ayuntamientos a gasto social. "¿Qué pasó, que no quería problemas con el presidente de la Fegamp?", preguntó. La diputada también acusó al Consorcio Galego de Servicios Sociais de pagar 60.000 euros anuales por el alquiler de las oficinas de un hotel en A Coruña para su delegación en la ciudad. Socialistas y nacionalistas rechazaron los argumentos del PP por "demagógicos".