Los chirimbolos dejarán a la capital un 44% menos de lo previsto

Y encima, no dan dinero. Ése es el último capítulo del culebrón de los chirimbolos, esos artefactos publicitarios que han inundado Madrid. Y lo escribió ayer el concejal de Hacienda, Juan Bravo, en su comparecencia ante el pleno municipal. Que, por cierto, solicitó él mismo. Así, Bravo dijo que de los 160 millones de euros que se estimó que el Ayuntamiento ingresaría en el momento de conceder el contrato de explotación a la UTE Clear Channel-Cemusa, ahora sólo serán 91,7. En total, un 56% de lo que ofreció la empresa concesionaria.

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Según el concejal, los cánones que ofrecieron las empresas concursantes eran teóricos. Una mera estimación de lo que serían capaces de pagar al Consistorio a cambio de la explotación de los 900 soportes publicitarios. Una estimación que a la empresa Viacom le costó el concurso por ofrecer una cantidad que el Ayuntamiento consideró entonces irreal: 233 millones de euros. Tan irreal, sin embargo, como los 160 que ofreció la ganadora.

El concejal de Hacienda se escudó ayer en que la cifra por la que se adjudicó era una estimación que estaba sujeta al momento en que se terminaran de instalar los artefactos, a cuántos se instalasen, qué tipo de soportes, qué modelos y el ámbito geográfico donde se ubicasen (que permite cobrar un precio diferente a los anunciantes). Pasados dos años desde que entró en vigor el contrato, Bravo cree que ya puede darse una cifra real de lo que se ingresará, y son los 91,7 millones que ayer anunció. "Si al término del contrato no se ingresa esa cantidad, podremos decir que no se ha gestionado bien el contrato".

Por ello, en los presupuestos de los dos primeros años de contrato, Hacienda previó una cifra muy superior a la que realmente ingresó. En ese sentido, el concejal del PSOE, Pedro Santín, acusó a Bravo de haberse "columpiado" y de estar "financiando el déficit del Ayuntamiento con ingresos ficticios, algo grave y fraudulento".

El contrato está ahora mismo siendo investigado por el Tribunal de Cuentas por presunto desfase contable de 73 millones de euros. El 20 de diciembre de 2006, el Ayuntamiento concedió el contrato de la publicidad exterior, los 890 artefactos, a la unión de empresas temporales Clear Channel-Cemusa. Dicha firma ganó el concurso público ofreciendo 160 millones de euros, 73 millones menos que su principal competidora, la empresa Viacom. Así, el Ayuntamiento redujo sus hipotéticos beneficios en un 30% a pesar de señalar en la resolución del concurso que ambas propuestas eran "coherentes".

El pliego de condiciones no permitió que se evaluara el impacto medioambiental de las propuestas. El concurso, en el que participaron cinco candidatos, tenía tres fases: la que juzgaba la oferta económica, la comercial y el impacto medioambiental. Para superar cada evaluación se requería una puntuación mínima en cada fase. Así, en la primera, tres quedaron descartadas. La segunda fue cosa de dos y a la tercera ya sólo llegó la virtual ganadora, que ni se sometió al examen de características ambientales.

En el pleno de ayer, marcado por la financiación local, también se aprobó la subida de tarifas en los aparcamientos subterráneos de la capital. El incremento será del 6,7%, dos puntos porcentuales más que el IPC. Un dinero que va directamente a las concesionarias que explotan los estacionamientos.

El aumento, que se aplica en el precio del minuto (que varía en función del tramo horario), se justifica, según el coordinador general de Movilidad, Fernando Autrán, por el perjuicio que han sufrido las concesionarias por el cobro por minuto. "Las empresas concesionarias por entrar y salir del parking no te cobraban. Ahora sí. Además, ahora también han tenido que cambiar el software, el hardware, hacer más facturas... Hay coste real. Y la ley estatal también obliga al mantenimiento del equilibrio financiero de la concesión". Y ese equilibrio se traduce en ese 2,1% añadido al IPC.

En el debate económico, el portavoz de IU, Ángel Pérez, fue el único que aportó una nota de color al enfrentamiento duro y farragoso que mantuvieron Bravo y Lucas por la aprobación de una enmienda transaccional sobre la financiación local. Luego, Bravo, en una rueda de prensa improvisada anunció que "si el Gobierno central no aprueba pronto un nuevo modelo de financiación y la crisis continúa, antes que recortar los servicios sociales, se subirán los impuestos". Así que todo apunta a que 2009 será un año más caro para ser ciudadano de la capital de España.

Y fue día de comparecencias, porque la concejal de Urbanismo, Pilar Martínez, también intervino, a petición del PSOE, para explicar las causas de la inundación de la M-30 del 10 de septiembre. Algo que hicieron con anterioridad el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón; el vicealcalde, Manuel Cobo; el concejal de Movilidad, Pedro Calvo, y ella misma en la última comisión. Y siempre la secuencia de hechos ha sido distinta, excepto en que, coinciden todos, llovió mucho. Del informe técnico que el Ayuntamiento prometió tras la inundación, ni rastro.

Martínez volvió a decir ayer que el muro que, según el padre de la M-30, Manuel Melis, embalsó el agua que luego se coló por los agujeros que Urbanismo hizo encima del túnel, lo construyeron los responsables de la obra de soterramiento y no los de Madrid Río. Además, señaló que los pinos que Melis ha solicitado repetidas veces que se retiren de la cubierta de los túneles no son dañinos para la infraestructura. Según ella, la M-30 sólo ha tenido incidencias en el 0,4% de su tiempo total de funcionamiento. "La M-30 es magnífica y segura", aseguró la edil.