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Aerocas litiga por la licencia de obras con los municipios

Fabra paraliza las compensaciones a Vilanova y Benlloch

María Fabra

La puesta en marcha del aeropuerto de Castellón, en los términos municipales de Vilanova y Benlloch, supondrá para estos municipios un importante gasto económico, ya que serán las administraciones locales las que tengan que aportar muchos de los servicios necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones. Sin embargo, los consistorios no recibirán, de momento, compensación alguna después de que el consejo de administración de la promotora del aeropuerto, la sociedad pública Aerocas, decidiera ayer paralizar sine die la firma de convenios de compensación prometidos hace meses.

Los ayuntamientos tendrán que aportar muchos de los servicios

La razón que argumenta la sociedad (formada por la Generalitat y la Diputación de Castellón) es que los ayuntamientos han recurrido el requerimiento realizado por la promotora para eximirse del pago de la licencia de obras, que pretenden no pagar debido a que se trata de una infraestructura "de interés general". Con el litigio abierto, los consistorios, gobernados por independientes y socialistas, no percibirán cantidad alguna hasta que el asunto, presentado en el juzgado de lo contencioso administrativo, sea resuelto. Así lo expuso ayer el presidente de Aerocas, Carlos Fabra, que, además advirtió que, en el caso de que los tribunales resuelvan a favor de la promotora, Aerocas se planteará si propone de nuevo la firma de los convenios.

El entonces secretario autonómico de Grandes Proyectos, Luis Lobón, prometió a los ayuntamientos la firma de sendos convenios para compensar los servicios que tendrán que prestar y como contraprestación a la exención del pago de la licencia de obras. Sin embargo, los ayuntamientos reclamaron explicaciones del porqué les compensaban si realmente no debían pagar la tasa por tratarse de una obra de interés general. Además, pidieron que se cuantificara la cantidad que se aportaría por la firma de los convenios que quedó fijada en 1 millón de euros para cada municipio, aunque una parte se pagaba en obras. Los ayuntamientos, finalmente, decidieron recurrir la exención del impuesto por lo que el consejo decidió ayer aplazar la firma de convenios hasta que haya una resolución judicial, "ya que estas cuantías económicas eran para compensar precisamente el hecho de que no percibirían nada por las licencias de obras", según dijo Carlos Fabra.

En el consejo de administración celebrado ayer, se adjudicaron además los servicios de seguridad del aeropuerto a la empresa Indra, por más de 5 millones de euros, la subestación eléctrica a la empresa Crespo y Blasco, por más de 7,4 millones de euros, y los equipos de navegación y radioayuda a Indra, por unos 6 millones de euros.

Carlos Fabra señaló que las obras del aeropuerto podrían estar finalizadas en enero o febrero de 2009, mientras que la inauguración de vuelo podría producirse entre julio y septiembre.

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