¿Hay alguien ahí?

Ante la situación económica, cada día que pasa más grave, uno se encuentra todos los días con una pregunta recurrente: ¿hay alguien ahí? Y más en concreto: ¿qué hace el Gobierno?

Y la respuesta no es simple. Porque el Gobierno puede hacer cosas. Y no puede hacer otras. Y su margen de maniobra es el que es. Pero sigue teniendo margen de maniobra.

Vayamos por partes.

El Gobierno de España ya no puede adoptar determinadas medidas. Ya no tiene política monetaria propia. Ya no puede modular la creación de dinero ni su precio, es decir, ni los niveles ni la estructura de los tipos de interés. Ni, por consiguiente, el volumen de crédito, aunque sea de manera indirecta, aunque sí puede pensar en cómo introducir liquidez en el sistema. Y hacerlo en colaboración con las entidades financieras que, me consta, están dispuestas a implementar medidas que alivien la situación financiera de empresas y particulares, en beneficio propio pero también de la economía en su conjunto. Y, en este contexto, es cierto que puede incidir sobre la distribución del crédito existente entre los sectores público y privado, a través de lo que los economistas denominamos efecto crowding out or in.

El Gobierno debe generar expectativas positivas, dando la impresión de saber lo que se trae entre manos

En paralelo, dado que hemos transmitido nuestra soberanía monetaria al Banco Central Europeo, no podemos tampoco modular nuestro tipo de cambio. El euro ya no nos pertenece como, anteriormente, nos pertenecía la peseta. Es de muchos. Y bien está aunque no podamos ejercer ningún poder sobre el mismo. Antes, una devaluación de la moneda empobrecía de inmediato a los agentes económicos pero, a su vez, permitía recuperar competitividad, también de inmediato, más allá de sus efectos inflacionistas o su impacto real sobre el déficit de nuestras cuentas exteriores. Pero, en todo caso, yo personalmente no tengo duda de que la disciplina monetaria y cambiaria es un don de Dios.

Todo esto significa, pues, que el margen de maniobra de los Gobiernos se ha reducido drásticamente.

Con anterioridad, los Gobiernos de la UE habían renunciado, en virtud de la construcción europea, a políticas comerciales propias. Esto está, afortunadamente, en el ámbito europeo (l'aquis communitaire), más allá del debate sobre cuál deba ser nuestra política comercial común, sobre todo después del fracaso de la Ronda de Doha. Pero éste es otro tema del que hablaremos otro día.

Hoy, lo que nos interesa es qué es lo que podemos hacer. Y lo que no podemos está claro. Está en manos del Banco Central Europeo o de las instituciones comunitarias y, especialmente, de la Comisión Europea.

Asimismo, los márgenes presupuestarios son menos extensos que antes, gracias a otro don divino: la normativa común y específica relativa a las exigencias de estabilidad presupuestaria que obligan a una cierta disciplina. Y menos mal. Estamos viendo cómo se ha agotado rápidamente el superávit y hoy el mensaje desde el Gobierno es que no superaremos ¡el 3% de déficit! (con pésimas consecuencias sobre la confianza en los mercados internacionales y que se reflejan en aumentos significativos de nuestra prima de riesgo en relación, por ejemplo, a la deuda alemana).

Pero, en cambio, sí caben actuaciones y políticas en el campo de los ingresos y del gasto público.

En los ingresos, modificaciones (a la baja) en los impuestos directos o en las cotizaciones sociales (compensables, en su caso, con impuestos indirectos). En el gasto, con medidas de contención tanto en las remuneraciones del sector público (¿por qué se ha descartado de entrada una congelación salarial de los funcionarios? El coste político es evidente, pero el mensaje de austeridad y solidaridad a la sociedad en su conjunto también) como de redistribución de los diferentes capítulos de gasto. Más que nunca debe priorizarse la inversión en infraestructuras y en I+D (aunque las primeras informaciones en este último punto son muy inquietantes).

Y por supuesto, caben actuaciones en el campo de lo que se denominan reformas estructurales.

¿Estamos seguros de que no se puede avanzar en el proceso de privatización? Es cierto que poco más se puede hacer en el ámbito estrictamente empresarial porque ya se hizo, en su momento, por gobiernos anteriores (y hablo con cierto conocimiento de causa). Pero sí caben medidas mucho más valientes que las que se plantean, en algunos servicios como, por ejemplo, puertos y aeropuertos (no la pseudo-privatización a la francesa que, aparentemente, se propone), ferrocarriles (más allá de la tímida liberalización impulsada a nivel comunitario) o televisiones y radios. Otros países han privatizado incluso los servicios penitenciarios. No pongamos límites a la imaginación, a la que, por cierto, conviene incorporar a las comunidades autónomas y ayuntamientos que están generando sector público de manera poco conocida por la opinión pública.

Por supuesto, hay que proseguir y profundizar en la liberalización de sectores estratégicos, como las telecomunicaciones o la energía o en los servicios profesionales, donde los márgenes son todavía muy importantes.

Puede reformarse a fondo el funcionamiento de la Administración, o mejor dicho, de las administraciones (General del Estado, autonómicas, locales y la de Justicia), acortando plazos y trámites burocráticos y aumentando la seguridad jurídica. Puede reformarse a fondo algún capítulo de gasto, como el que se deriva de la incapacidad laboral transitoria, o la formación profesional.

Y abordar, de verdad, una reforma consensuada para sacar de la mediocridad a nuestro sistema educativo (de nuevo, a la cola de los países industrializados), aunque sus efectos sólo se noten a medio y largo plazo.

Y tantas y tantas cosas...

Pero, en cualquier caso, el Gobierno debe hacer una muy importante: generar expectativas positivas (no ilusorias ni equívocas ni, por supuesto, falsas), es decir, haciendo buenos diagnósticos, acertando previsiones y dando impresión de saber lo que se trae entre manos.

En definitiva, que hay una hoja de ruta y que alguien está al timón y que no está resignado ante la fatalidad.

Justo lo contrario de lo que hoy se transmite: ocultación de la realidad, pasividad (e incluso pasotismo) y maniobras demagógicas para desviar la atención.

La situación exige activismo del Gobierno. Aunque se equivoque a veces. Pero el mayor error es no hacer nada. Y eso es lo que hace el Gobierno. Mal asunto. ¿Hay alguien ahí?.

Josep Piqué es economista y ex ministro.