Inventariar todos los muertos

Imaginemos otra transición; por ejemplo, que a la caída del general Franco tras una decisiva intervención de la Administración de Kennedy, un Gobierno provisional hubiera creado una comisión de la verdad para conocer todos los crímenes cometidos en España desde la rebelión militar del 18 de julio de 1936 hasta el 1 de abril de 1939 y toda la represión caída a partir de esa fecha sobre los vencidos. Imaginemos que esa comisión publicara el censo de todas las sacas, paseos, ejecuciones sumarísimas, asesinatos con tiro en la sien y enterramientos en fosas comunes, y que, en su loable decisión de conocer toda la verdad, estableciera también el censo de los culpables de sacas, paseos, ejecuciones y asesinatos.

Imaginemos que esa comisión hubiera llegado a la conclusión de que las matanzas de Sevilla y Badajoz fueron crímenes contra la humanidad y que las matanzas de Barcelona y de Madrid fueron también crímenes contra la humanidad. Imaginemos que para conocer toda la verdad, la comisión hubiera propuesto la apertura de un proceso penal contra las personas identificadas por testigos solventes o delatadas por su misma firma al pie de una orden de saca o de una sentencia inicua, y que un juez dotado de jurisdicción universal hubiera solicitado a esa comisión los censos de víctimas y las listas de sus victimarios y hubiera abierto procedimientos penales contra esas personas.

Todo eso es imaginable. Más aún, todo eso es lo que en estos días nos están sugiriendo los que comparan transiciones para insistir en que aquí no se hizo lo que en Suráfrica o en algunos Estados suramericanos. Y cuando, a renglón seguido, derivan la conclusión de que aquí fue el miedo y la amnesia lo que impidió constituir comisiones de la verdad. ¿El miedo, la amnesia, o más bien la memoria viva de lo ocurrido? Imaginemos la escena: en ese Gobierno provisional de coalición de todos los partidos se sentaban un católico, un carlista, un comunista, un socialista, un anarquista, un ex falangista devenido demócrata, un republicano, cada cual con la memoria viva, personal -nada de histórica-, de los crímenes cometidos por los otros contra los suyos: desde el 18 de julio de 1936, las llamadas al exterminio del enemigo no fueron exclusivas de nadie.

Se puede seguir imaginando lo que un Gobierno de esas características habría durado si su primera decisión no hubiera consistido en proclamar una amnistía general sobre el pasado. Ah, pero eso los iguala a todos, exclaman ahora los que no tienen de aquello memoria viva, sino sólo recuerdo de recuerdos como decía poéticamente Julio Caro. Esto iguala a todos, la famosa equidistancia, el "todos fuimos culpables" (frase por cierto que llegó del exilio, y no sólo de Vidarte, que así tituló su historia; a un católico de los años cincuenta ni se le habría ocurrido). Pues no, para nada: esto es simplemente que, cuando se renuncia a la creencia en la justicia de la historia, el crimen de lesa humanidad cometido por los rebeldes no legitima el régimen de terror impuesto por los revolucionarios.

No hubo Gobierno provisional ni comisión de la verdad. Pero hubo amnistía -dos amnistías, para ser exactos- que no cerró el conocimiento del pasado: desde los años de transición, decenas de historiadores han publicado listas y listas de sacados, paseados, ejecutados, asesinados. ¿Por qué, entonces, siguen cadáveres en las fosas? Pues porque los sucesivos Gobiernos, del PSOE y del PP, no cumplieron la obligación que les corresponde. Y en lugar de urgir ese cumplimiento, un juez de instrucción pide un censo de asesinados porque quiere saber si tiene competencia para... ¿para qué, si a nadie puede perseguir por la vía penal? Y ¿por qué un censo y no todos los censos? ¿Por qué no instruir una causa penal por todos los católicos asesinados por el solo hecho de serlo?

Un Estado democrático no puede llamar "asesinados" a las víctimas de la rebelión y "fallecidos" a las víctimas de la revolución, como hace la Junta de Andalucía para justificar una determinada política de la memoria. Un Estado democrático tiene que dar cuenta de todos los crímenes y, si puede, reparar todos los crímenes. Con eso hay que apechar. Por decirlo con Luis Rosales: "Porque tú tienes que ser justo / ésta es tu obligación: / tienes que inventariar todos los muertos que ha causado en el mundo la mirada antagónica". Inventariar todos los muertos: ésa es la primera tarea de un Estado de derecho si se decide a emprender políticas de memoria. No es la de un juez de instrucción 70 años después de cometidos los crímenes.