El juez, a su tarea

El juez que investiga el accidente del 20 de agosto en Barajas requirió ayer a EL PAÍS para que entregara la grabación en vídeo difundida en su edición digital y que ayer reprodujeron otras muchas páginas digitales (incluyendo las de algunos medios que acompañaban la reproducción con críticas a este diario por haberla dado a conocer). Algunos dirigentes políticos y comentaristas calificaron la difusión como un acto "de desprecio a las víctimas". Es una acusación injusta y sin base alguna.

Este vídeo contiene imágenes de interés sobre el accidente. No son morbosas u ofensivas para nadie. Y el periódico las ha obtenido por medios lícitos. La decisión sobre su publicación no podía ser más sencilla. No cabe imaginar que unas imágenes como éstas sean sustraídas al público una vez el medio de comunicación las ha obtenido. Sobre todo después de que altas instituciones del Estado tuvieran acceso a ellas antes que la autoridad judicial. ¿Acaso hay que vetar el acceso de los ciudadanos a unas imágenes que ya han visto el presidente del Gobierno y el Rey antes que el juez?

Ni siquiera el secreto del sumario de la tragedia, levantado por el juez recientemente, serviría de justificación. Hace años que el Tribunal Constitucional dejó sentado que "la regulación legal del secreto sumarial no se interpone como un límite a la libertad de información", tal como se lee en una sentencia de la que fue ponente Francisco Tomás y Valiente en 1985. El de informar es un derecho constitucional que prevalece sobre el secreto del sumario. El alcance de este último, dice esa sentencia, no puede "crear una atípica e ilegítima materia reservada sobre los hechos mismos" investigados. Lo que protege el secreto son únicamente "las actuaciones del órgano judicial que constituyen el sumario".

En un editorial publicado por este periódico dos días después del accidente, y significativamente titulado De momento, los hechos, se distinguía entre la investigación de las causas del siniestro, que llevaría tiempo, y el conocimiento de los hechos mismos, cuya ocultación sólo serviría para alimentar "conjeturas irresponsables". La publicación del vídeo no podía ser, por tanto, más acorde y oportuna.

El juez también ha requerido a EL PAÍS que dejara de emitirlo. Algo perfectamente inútil en el mundo digital, pues a estas horas circulan millares de vídeos sin que nadie pueda impedirlo. ¿Acaso hay algún derecho fundamental conculcado por la difusión de estas imágenes que exija una decisión próxima a la censura? El secreto sumarial, excepción al principio general de publicidad del proceso, protege el derecho de las partes a un juicio justo e imparcial y a la tutela judicial. ¿En qué afecta a esos derechos la visión del deslizamiento del avión por la pista, su desplome y su posterior explosión al caer a un barranco? El juez debe dedicarse a su obligación: investigar las causas del accidente en el que murieron 154 personas y el establecimiento de las responsabilidades, no a interferir en el trabajo de un periódico y en el derecho a la información de los ciudadanos.