Preocupación y sorpresa en los perjudicados de Riviera
La Audiencia decreta prisión eludible para los directivos
"Sorprendidos y preocupados". Con estas dos palabras resumió ayer Manuel Cancela, presidente de los afectados por la estafa del grupo inmobiliaria Riviera, su estado de ánimo al conocer que la Audiencia Nacional decretó en la noche del lunes prisión provisional eludible bajo fianza de 60.000 y 40.000 euros para los dos máximos directivos de la empresa alicantina, y libertad provisional para el resto.
"Si quedan libres alguien tendrá que dar explicaciones", advierte el abogado
El juez Grande Marlaska, que interrogó durante cinco horas a los seis detenidos cuando intentaban fugarse en un avión privado desde el aeropuerto de l'Altet, determina para Roch Tabarot, máximo responsable, y Francisco Fernández la obligación de presentarse todos lunes ante el juez, les prohíbe abandonar el territorio nacional y les obliga a noticiar cualquier cambio de residencia. Pese a la decisión del juez, los afectados esperaban que hubiera decretado la prisión incondicional para todos ellos, ya que la Policía les atribuye un presunto delito de estafa que cifra en unos 60 millones de euros y son "centenares" las personas afectadas.
El abogado, José Luis Escobar, cifra en más de 70 millones de euros los ingresos de la empresa en los dos últimos años y "si no han pagado a los bancos, ni a las empresas ni a los proveedores, ¿dónde está el dinero?", se preguntó, "confío en que antes de dejarles en libertad haya inmovilizado sus cuentas bancarias en el extranjero". Los afectados, que no han podido personarse en la causa judicial, han convocado otra asamblea para el próximo viernes en Alicante. "Si con todos estos datos, quedan libres, alguien tendrá que dar explicaciones serias a los afectados", advirtió Escobar, quien amplía las consecuencias de esta gestión a decenas de pequeñas empresas que trabajaban para ellos y no han cobrado.
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