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Empresarios y PSPV urgen al fin del pleito urbanístico con Europa

Luxemburgo tardará dos años en emitir un fallo

Pese a que varios expertos estiman que el Tribunal de Luxemburgo podría resolver el proceso judicial abierto sobre el urbanismo valenciano en un plazo aproximado de dos años, ayer arreciaron las peticiones de una solución rápida al conflicto. El portavoz de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda del PSPV, Francesc Signes, reclamó al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "que no alargue el pleito con Europa".

Signes defiende que el "sector inmobiliario valenciano no puede soportar otros dos años de recursos y pleitos del Consell con Europa". El socialista considera que el Consell debe reconocer "que la regulación actual de la actividad urbanística no funciona y hay que cambiarla". Asimismo, reiteró la necesidad de que el Consell escuche a la oposición y a los promotores y abra un proceso de negociación que se traduzca en un pacto urbanístico.

La misma demanda pero apoyada en argumentos distintos planteó la Asociación de Promotores de la provincia de Alicante (Provia), que en línea con lo defendido desde la patronal autonómica, exigió "una solución rápida y útil" a este contencioso judicial. Provia expresó su apoyo a la Generalitat "en defensa del urbanismo valenciano y de su legislación" y calificó este modelo de "pionero e innovador".

El presidente de Provia, Francisco Murcia Puchades, defendió que los empresarios necesitan un "marco estable" y pidió "sentido común" a las altas instancias europeas. Puchades considera que la LUV está siendo analizada por matices "de escasa relevancia" y la defiende como una norma "muy exigente que salvaguarda y protege los derechos del consumidor".

El contencioso abierto por el Tribunal de Luxemburgo analiza la legalidad de la forma de adjudicación de los PAI (Programa de Actuación Integrada) y si está garantizada la libre concurrencia. Por otra parte, el portavoz adjunto del grupo Compromís en las Cortes, Enric Morera, anunció ayer que pedirá la comparecencia urgente en la Cámara del vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, para que informe sobre la denuncia.

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