El Gobierno alega que la ley Municipal respeta las competencias de las diputaciones

El Gobierno mantuvo ayer su enfrentamiento legal y político con las diputaciones de Álava y de Vizcaya en torno al proyecto de ley Municipal al presentar unas alegaciones a la Comisión Arbitral que mantienen todos y cada uno de sus planteamientos. El Ejecutivo reclama al órgano encargado de dirimir sus discrepancias con las instituciones forales que levante la suspensión cautelar de la tramitación parlamentaria del proyecto.

Las diputaciones de Álava y de Vizcaya, las dos en manos del PNV, plantearon en julio pasado varias cuestiones de competencia ante la Comisión Arbitral al entender que la nueva ley vulnera atribuciones exclusivas de las instituciones forales en materia tributaria y de financiación municipal. La Comisión Arbitral las admitió a trámite, paralizó el recorrido parlamentario de la ley, y su presidente y del Tribunal Superior, Fernando Ruiz Piñeiro, convocó a una nueva reunión resolutiva para el 22 de septiembre.

La actuación de las diputaciones se produjo en medio de una pugna verbal entre el diputado general alavés, Xabier Agirre, y la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, al negar el primero que la ley hubiese sido consensuada con la institución foral como aseguró la segunda.

Financiación local

Frente a la tesis de Álava y de Vizcaya de que la ley altera el sistema de financiación de las entidades locales, el Gobierno alega que "únicamente atribuye al Consejo Vasco de Finanzas la fijación de un nivel mínimo de participación, sin desvirtuar con ello la determinación efectiva de la financiación local en cada territorio histórico".

Respecto a la negativa vizcaína a la entrada de representantes municipales en el Consejo Vasco de Finanzas, ni siquiera como meros observadores, por ser "contraria a la naturaleza y misión" del mismo, según la Diputación, el Ejecutivo aduce que no hay modificación alguna de su naturaleza. "Se le añaden nuevos cometidos para poder incorporar a los representantes municipales", indican sus alegaciones.

Sobre la regulación que se hace en el proyecto de ley del régimen de adopción de acuerdos en el Consejo, el tripartito niega que, como ha alegado Alava, vaya a posibilitar una imposición de criterios a los órganos forales.

Fuentes del Ejecutivo explicaron que "el Gobierno entiende que la ley es respetuosa con las competencias forales y, en particular, respecto a sus epígrafes sobre el sistema de financiación de los municipios vascos".