"Hay boicot al jurado"

Desde hace pocas semanas coordina un equipo de seis fiscales que impulsarán la institución del jurado. Jaime Cussac, fiscal que siempre ha ejercido en Valencia, reconoce que, en la práctica, el jurado ha sido boicoteado, defiende la institución como un ejercicio de ventilación y frescura de la justicia, admite que necesita de pedagogía social y se confiesa un converso a favor del tribunal popular.

Pregunta. ¿Por qué se crea una sección de jurado cuando son mínimos los juicios que se celebran bajo esa fórmula?

Respuesta. Porque creo que podemos cambiar esa tendencia, impulsar una institución hacia la que hay rechazo pero que tiene innumerables ventajas. La gran cifra negra del jurado está en los delitos que tienen poca importancia penológica y que son fácilmente escamoteables: omisión del deber de socorro, allanamiento de morada y amenazas condicionales. La cifra negra del jurado está en buena medida ahí. Esas cosas no se llevan nunca a jurado.

"La institución funciona mucho mejor de lo que se dice"

"No hay culpables a los que se absuelve, hay inocentes a los que se confirma"

P. ¿Ha habido un boicot?

R. Sí, sí. Creo que los jueces instructores, en mi opinión sin fundamento, tienen miedo, reticencia y desconfianza. Eso provoca la huida. Y, como huyen, no conocen. Por tanto, algunos de esos prejuicios negativos hacia el jurado no se disipan. Creo que un juez instructor no debía tener el más mínimo problema en instruir un procedimiento con arreglo a la ley del jurado. Es verdad que la ley del jurado vigente es manifiestamente mejorable. El proceso de selección de los miembros del jurado se podía haber simplificado. Es buena idea que el referente sea el censo electoral, se garantiza una representatividad muy grande, pero probablemente se podían haber previsto mecanismos de desplazamientos del jurado a otras sedes territoriales cuando se presuma que va a haber una situación comprometida para los jurados, lo que también se podía prever para determinados procedimientos técnicos. En la cuna de la democracia, que es EE UU, lo hacen continuamente.

P. Se critica el catálogo de delitos que van a jurado. ¿Lo comparte?

R. Los delitos de jurado se supone que tienen que ser delitos graves, porque es un procedimiento caro, no sólo en dinero, sino en esfuerzo del aparato. No tiene sentido matar moscas a cañonazos. Tienen que ser delitos sencillos, con acciones que cualquier ciudadano pueda representarse. El paradigma de eso es el homicidio. Pero, ¿por qué no la violación, los delitos contra la libertad sexual, las injurias, las detenciones ilegales? Y, sin embargo, ¿por qué sí el cohecho o la malversación de caudales públicos, que a veces a los propios técnicos nos cuesta entender? Sería disparatado convertir en delitos de jurado los delitos contra la hacienda pública o las conducciones etílicas, u otros delitos en los que el ciudadano pudiera reconocerse.

P. Pero, ¿por qué el rechazo a juzgar por jurado?

R. Nos hemos formado en un modelo ajuradista, un modelo donde no existía el jurado y era visto como una cosa anglosajona. Tenemos todas las reticencias iniciales de los profesionales respecto de los aficionados. Esto no es una cosa específicamente jurídica. Es como si de repente se decidiera que en los casos muy graves, tipo House, se va a reunir a nueve ciudadanos para que hagan el diagnóstico de una enfermedad. Es de suponer que a los médicos les daría un ataque nada más pensarlo. Es aquello que decía Benjamín Clemenceau de que la guerra es una cosa demasiado importante para dejársela a los militares. Toda intromisión de la ciudadanía en un ámbito técnico es vista por los técnicos como algo perturbador y a menudo como una auténtica amenaza.

P. ¿Ha perdido el miedo a la intromisión de los ciudadanos en la administración de justicia?

R. Soy un converso. Mi punto de partida era el del rechazo. Me vi abocado al primer jurado que me tocó a regañadientes. Aquella experiencia y las sucesivas, en total ocho o diez, me han ido convenciendo. La institución funciona mucho mejor de lo que se dice, mucho mejor de lo que se cree. Funcionando razonablemente bien, su efecto de introducción de la soberanía popular en el poder judicial se cumple, con toda la modestia. Me parece que sí es verdad lo que dice la ley en cuanto a la introducción de ciertas innovaciones en el modo de actuar, de conducir los juicios, de proponer y practicar las pruebas, dota de mucha importancia las pruebas periciales. Donde esté una prueba de ADN, una huella digital o una buena pericial sobre la trayectoria de proyectil que se quite el testigo que vio o dejó de ver. Es el siglo de las luces contra las brujas de Goya. El jurado me ha ido seduciendo. Y también he ido constatando la reticencia con la que en general era acogido por el sistema.

P. ¿El rechazo al jurado tiene que ver con la concepción de infalibilidad de los tribunales técnicos?

R. Hay varios factores que contribuyen a eso que podemos llamar reticencia o boicot. Uno es el desconocimiento. Hay una actitud sincera de que el jurado ha funcionado mal en algunos casos. Pero ese número de casos no es significativamente superior al mal funcionamiento de los tribunales técnicos. No hay jurados torpes, sino operadores jurídicos inadaptados. El mismo jurado que ha salido por peteneras, quizás si se le hubieran planteado las cosas de otra manera, a lo mejor el resultado hubiera sido otro. He combatido siempre esto porque también los tribunales técnicos fallan.

P. ¿Qué experiencia pudo influir negativamente? ¿Por qué la sociedad se ha sentido frustrada en algunos veredictos de inocencia?

R. Cuando se dice que la sociedad quedó frustrada porque la respuesta no fue la esperada, creo que hay un problema de pedagogía social. Y los medios de comunicación tienen un gran papel en eso. Vamos a ver, una sociedad no se puede nunca sentir frustrada por una absolución, porque existe la presunción de inocencia. No hay culpables a los que se absuelve, hay inocentes a los que se confirma su inocencia. Por eso, una absolución nunca es un error judicial. Eso es tanto como decir que hay un mecanismo, una instancia que establece las culpabilidades al margen del juicio, lo cual es un perfecto disparate. No existen unos culpables que se determinan nadie sabe cómo, cuándo, dónde y por quién y luego un tribunal que si les condena acierta y si les absuelve se equivoca. El que decide si son culpables o inocentes es el tribunal.

P. ¿Cómo puede el fiscal promocionar la práctica de jurado?

R. Sencillamente, no siendo parte en las maniobras de ocultación. Uno de los preceptos de los que no se puede decir que sea lo mejor de la ley es el artículo 5. Es enrevesado, complicado, el típico artículo lleno de reglas, excepciones y contraexcepciones. El Tribunal Supremo nos ha dicho que cuando una misma persona sea autora de varias infracciones, que no tengan entre ellas más razón de conexión que esa, en lo que se llama conexidad subjetiva, se plantea el problema siguiente: si todas las infracciones son competencia del jurado, perfecto; si lo son de un tribunal técnico, también. Pero si unas son competencia de jurado y otras no, debe conocer la jurisdicción técnica. La ley dice que si es posible separar las infracciones sin ruptura de la continencia de la causa, cada delito lo tiene que juzgar su tribunal. Esto, en el caso de los homicidios, es prácticamente imposible. Ha habido escamoteos directos. Es la lista negra de los jurados, y queremos acabar con ella.