Toneladas de droga esperan en comisarías una orden judicial

La escalada de alijos de droga incautados es imparable. Tanto como la mejora de medios técnicos para cazar a los narcotraficantes. Pero ese aumento de toneladas intervenidas, especialmente de hachís y cocaína, implica un problema cada vez mayor: ¿cómo agilizar su destrucción?

"Las cantidades son cada vez más grandes y difíciles de quemar", dice un agente

El reciente e inaudito robo de 100 kilos de cocaína y heroína en la Jefatura Superior de Policía de Sevilla ha puesto de relieve la patata caliente que supone almacenar cada vez más alijos hasta que los jueces ordenan su destrucción, ya que a menudo su incineración se retrasa años. Los calabozos de la sede principal de la Policía en Andalucía Occidental acumulan más de 13.000 kilos de drogas (12.000 de hachís), y ya hace cuatro años que no se procede a su incineración, pendiente de las necesarias autorizaciones judiciales y los permisos para el traslado de la droga incautada.

Las montañas de fardos aumentan cada año en los bajos de las sedes policiales andaluzas. Entre la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera decomisaron el año pasado 390.000 kilos de hachís y 781 de cocaína. Pero, sólo durante la primera mitad de este año, ambos cuerpos ya han intervenido 283.000 kilos de hachís y 466 de coca.

El sistema falla y la destrucción se eterniza. "Con una muestra preconstitutiva de 10 gramos sería suficiente, pero el caso es que la normativa de 1984 no se aplica y la Comisión Nacional de Policía Judicial debe tomar decisiones", censuran fuentes policiales.

El problema atañe por igual a la Guardia Civil: "A veces, los alijos grandes se mantienen incluso durante días en furgonetas aparcadas en el cuartel, a la espera de crear hueco en los cuartos de la droga", relata un agente. Esos cuartos de la droga, ubicados en puestos de la Guardia Civil especialmente de la costa gaditana, son dependencias menores, en ocasiones con una puerta de madera.

Las mayores incautaciones en la provincia gaditana por parte de Vigilancia Aduanera, Policía y Guardia Civil, se acumulan en un búnker con vigilancia electrónica de Cádiz capital y de gran capacidad. Pero todo tiene un límite. Sólo desde el pasado lunes se han intervenido 26.000 kilos de hachís en esta provincia.

El proceso hasta llegar al horno incinerador es complejo. Tras los análisis realizados por el Instituto Nacional de Toxicología para determinar la pureza de la droga, la destrucción de ésta queda siempre pendiente de la autorización del juez, que en ocasiones la retrasa a la espera de la petición de contraanálisis de las partes implicadas.

"Las cantidades son cada vez mayores. Y cada vez la quema es más compleja. Primero acudíamos a las plantas de abonos, luego a las cementeras, hasta que se quejaron de que la grasa taponaba sus hornos, y finalmente a otras plantas especiales para evitar la contaminación", explican fuentes policiales. El Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) incinera grandes alijos a través de una empresa privada, pero a veces los kilos con autorización judicial para su destrucción sobrepasan este acuerdo. Cuando esto ocurre, las soluciones pasan por la quema al aire libre, como en el recinto militar del Retín, en Barbate (Cádiz). "No es serio, porque se lleva tres días ardiendo, pero es que la alternativa es que te tienes que comer la droga", lamenta un agente.

El pasado jueves, el jefe superior de Policía en Andalucía Occidental, Enrique Álvarez Riestra, dio un paso para afrontar el problema y pidió contar con un depósito judicial para drogas. "Creíamos que la seguridad era suficiente y ha resultado que no. No pongo ninguna disculpa", admitió el jefe superior sobre unos calabozos que carecían de cámaras.

Ya en 1983 el Boletín Oficial del Estado publicó la creación en Sevilla de "depósitos judiciales establecidos para la conservación y destino de las piezas de convicción". Pero desde entonces las drogas han quedado al margen de vehículos, bicicletas y otros bienes confiscados.

La construcción de los depósitos judiciales depende de la Consejería de Justicia, pero ésta no la prevé de momento: "No entendemos por qué todos los alijos de la Guardia Civil están a buen recaudo y los de la Policía Nacional, no. Es un material sensible que necesita vigilancia especial", responden fuentes de la consejería.

Desde el escándalo de Sevilla, la comisaría de Málaga ha reforzado la seguridad en "el pequeño almacén" de 16 metros cuadrados. "Es un problema de largo recorrido y difícil solución", apunta un mando policial. Otras voces no lo ven tan complejo: "No hay que ser un experto para saber que es necesario un depósito conjunto para Guardia Civil y Policía", afirman fuentes de Vigilancia Aduanera.