Acumulación de datos

La negativa de Estados Unidos a permitir que los ciudadanos de varios países miembros de la Unión Europea puedan entrar en el país sin haber solicitado previamente un visado, algo que se contradice con las normas de la propia UE sobre reciprocidad, va a tener un efecto secundario curioso: la probable exigencia, a partir del 1 de enero de 2009, de que todos los diplomáticos, miembros del Ejército y de las distintas agencias oficiales norteamericanas soliciten visado antes de entrar en algún país de la UE, España incluida. Si la amenaza formulada esta semana por el vicepresidente de la Comisión Europea, Jacques Barrot, terminara llevándose a cabo, uno de sus efectos secundarios más llamativos sería que en el futuro resultaría mucho más fácil identificar a todos los agentes de los diferentes servicios de información y seguridad norteamericanos que en la actualidad entran y salen de la UE casi sin dejar rastro documental. Por ejemplo, la identidad de todos los que viajaron en los llamados "vuelos de la CIA", con transporte ilegal de prisioneros secuestrados o detenidos en terceros países.

La Comisión amenaza a EE UU con una cierta reciprocidad si sigue exigiendo visado a 11 países de la UE

Washington exige negociar con cada país, caso a caso, pero la política de visados es competencia de la UE

El enfado de la Comisión está tanto o más justificado por la cantidad de exigencias de control e información previa sobre los viajeros que salen de Europa hacia destinos en Estados Unidos que lleva exigiendo Washington desde hace años y que la UE ha aceptado prácticamente sin rechistar, pese a las dudas que provocaba la protección de los millones de datos solicitados y enviados.

La Comisión Europea reconoce que lleva meses negociando con Washington para que respete las normas de reciprocidad que existen en la Unión. Los ciudadanos norteamericanos pueden entrar en los países de la UE sin previa solicitud de visado, y se supone que los ciudadanos europeos pueden entrar en Estados Unidos con pasaporte electrónico en vigor y sin obtener antes autorización expresa y formal. En la práctica, Washington exige visado a los ciudadanos de Bulgaria, Grecia, Chipre, Malta, Polonia, Rumania, República Checa, Estonia, Letonia, Hungría y Lituania. Las autoridades norteamericanas se niegan a tratar del asunto con la Unión Europea y aseguran que están en tratos con cada uno de esos países para estudiar caso por caso y examinar las medidas de seguridad que ofrecen sus aeropuertos y servicios de información interna. De hecho, algunos de esos países han aceptado ya los contactos bilaterales, poniendo en una posición bastante difícil e incómoda a las autoridades comunitarias. Se supone que la política de visados es un asunto común que negocia la Comisión en nombre de todos los Estados miembros, y que éstos se adaptan a las exigencias comunitarias. El Gobierno español, por ejemplo, ha aceptado exigir visado a los ciudadanos de varios países de América Latina no sólo por cuestiones internas y de inmigración irregular, sino también por exigencias de la propia Unión Europea.

La mayoría de los países rechazados forman parte del paquete de países del este de Europa que entraron a formar parte de la UE en las dos últimas tandas de ampliación, en 2004 y 2007. El caso más peculiar es el de Grecia, país que pertenece a la UE desde 1981, pero a cuyos nacionales Estados Unidos sigue exigiendo visado.

Las estrictas medidas de seguridad que las autoridades norteamericanas han impuesto para entrar en Estados Unidos han sido objeto de reiteradas negociaciones y disgustos entre Bruselas y Washington. La bronca más sonada fue, sin embargo, la que provocó en 2006 el llamado caso Swift, el consorcio bancario que, desde Bruselas, enviaba datos confidenciales sobre millones de operaciones bancarias a la CIA y al Tesoro de Estados Unidos. El caso fue denunciado por The New York Times y la UE aseguró no tener conocimiento de nada de lo que estaba pasando. Finalmente, la Unión aceptó que los datos diarios sobre 11 millones de transferencias de todo el mundo fueran espiados por el Tesoro y por la CIA a cambio, simplemente, de que las autoridades norteamericanas se comprometieran a borrar los datos a los cinco años y a que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos vigilara que se utilizaran únicamente para investigaciones antiterroristas concretas.

Hace pocas semanas, la Comisión Europea informó de que "está muy adelantado" un acuerdo entre Estados Unidos y la UE para "intercambio" de datos confidenciales (uso de tarjetas de crédito, viajes, empleo de Internet, etcétera). El grupo conjunto, en el que está el vicepresidente Jacques Barrot, elabora un documento que por el momento es secreto, y del que, para variar, sólo se han tenido algunos datos gracias a The New York Times. Las autoridades europeas son, como siempre, todavía más opacas que las estadounidenses.