De julio a septiembre (1)

Para todos los españoles nacidos después de diciembre de 1960, la Constitución española de 1978 es una herencia, una norma recibida en cuya elaboración y aprobación no participaron. En democracia, la única razón de ser de la obediencia a las leyes y de la pertenencia a la comunidad consiste en haber legislado directamente o por medio de representantes libremente elegidos. La edad mínima, en la actualidad, de quienes pudieron expresar su opinión en el referéndum constitucional es de 48 años. Aunque el envejecimiento de la población en los países desarrollados sea una tendencia generalizada y difícilmente reversible, esa edad ya no se corresponde con la juventud; de hecho, como han señalado repetidamente los sociólogos, la tendencia al envejecimiento de la población se solapa con el temor individual a la vejez. La población envejece, pero los individuos no quieren asumir el paso del tiempo. Esa resistencia, en términos políticos, es fatídica: impide que haya una madurez impersonal, institucional o colectiva, un sano sentido común para la oportunidad de las cosas. En la República de Weimar, el miedo de los partidarios de la Constitución a la sucesión -la falta de sabiduría para dejar el poder- favoreció que juventudes sin educación política acabaran tomándolo al asalto.

La primera lección del 37º Congreso Federal del Partido Socialista Obrero Español es que hay un tiempo de la vida constitucional que se ha acabado o que está a punto de acabarse: en el momento en que la pirámide de la población empiece a apoyarse en una base social que, al menos, querría tener la oportunidad de expresar su opinión sobre los fundamentos de la vida en común y de elevar esa opinión a conocimiento. Georg Jellinek llamó a ese momento el momento de la reforma constitucional que se produce gracias a la fe en el poder creador y consciente del esfuerzo humano. Si no se reforman, las constituciones mutan, pero entonces pierden su carácter deliberativo. La elección de Leire Pajín como secretaria de organización de los socialistas tiene un profundo sentido reformista. Es un cargo interno cuya trascendencia política, sin embargo, obliga a pensar en la función de los partidos políticos en una democracia constitucional. La función de los partidos políticos en una democracia consiste en ser el instrumento fundamental que permita la sucesión generacional sin que haya una fractura en la sociedad. Cualquier otra función que asignemos a los partidos políticos es secundaria. Un partido político encaja en una democracia con una delicadeza pedagógica de la que depende su propia existencia y la de la propia democracia.

La lección socialista tiene que ser transmitida despacio y con buena letra, en parte porque de lo que se trata es de volver a escribir, o de enseñar y aprender a leer, el texto constitucional -de reformarlo y mejorarlo en la medida de lo posible, y no sólo de adaptarlo a los tiempos que corren-, y en parte porque el espíritu, como el viento, sopla donde quiere. En la Comunidad Valenciana esa lección llega, para algunos, como el viento de poniente en verano, seco, cálido y asfixiante; para quien no entienda que no se trata del espíritu, sino de la letra, será difícil de soportar. Pero la situación es esta: una población que envejece y una juventud a la que hay que educar para la ciudadanía, es decir, para la política, en una sociedad que necesita cada vez más, y no sólo con una perspectiva laboral, de los inmigrantes para renovarse; un Gobierno -el de la Generalitat valenciana- que ha hecho de la inercia y de la superficialidad su razón de ser, y un partido socialista -el partido de los socialistas valencianos- que tiene que renovarse o morir. En la Comunidad Valenciana, la reforma constitucional significa, en primer lugar, la plena aceptación del carácter autonómico de la comunidad.

¿Se renovarán o morirán los socialistas valencianos? Un alto cargo de la Generalitat valenciana se ufanaba, en la última noche electoral autonómica, de haber acabado con el Partido Socialista. No le faltaban razones para ufanarse. El Partido Popular ha sabido apropiarse de buena parte del discurso de los socialistas valencianos: el discurso del PSPV. La celebración del año de Jaime I y la edición del Llibre del Repartiment como "seña de identidad de todos los valencianos", en palabras del presidente Camps, asumen a la perfección una propensión identitaria que es intrínsecamente conservadora y, en una época como la nuestra -desgarrada por el fenómeno masivo del desplazamiento involuntario y violento de millones de seres humanos-, profundamente reaccionaria. Las señas de identidad de los valencianos en el siglo XXI no pueden reconocerse en ese reparto del botín. En términos de actualidad, la identidad de los valencianos no puede apoyarse en una interpretación insolidaria de las balanzas fiscales. Cualquier identidad colectiva, en democracia, sólo puede ser el resultado de la libre asociación.

La libre asociación es la verdadera seña de identidad de los socialistas valencianos. El Partido Popular puede asumir sin riesgos el discurso del PSPV. No puede hacer lo mismo con el discurso socialista. Los socialistas valencianos son socialistas. La primera exigencia política es siempre una exigencia de la comunidad, una comunidad de seres vivos. Los muertos -escribió Thomas Jefferson- no tienen derechos, y los vivos los tienen a condición de que los ejerzan como una obligación contraída con los que aún no han nacido, vengan de donde vengan. Ésa ha sido siempre la perspectiva socialista, atenta a un mundo mejor que está por venir y en el que vivirán otros. Socialista es quien trabaja para que ese mundo sea mejor. Hay también una política sin fronteras.

Josep Maria Àngel Batalla es alcalde de L'Eliana. Antonio Lastra codirige La Torre del Virrey. Revista de Estudios Culturales.