Interior anula la sanción a nueve policías por la huelga de celo

Marcha atrás. Seis días después de la suspensión de empleo y sueldo de nueve representantes de los sindicatos policiales por la huelga de celo que llevan a cabo, la Dirección General de la Policía rectificó ayer su polémica decisión. Los agentes protagonistas criticaron la sanción con duras metáforas. "El director general de la Policía y Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, nos parece un gobernador militar de la época más negra del franquismo", apuntó Manuel Espino, secretario general del SUP.

La huelga de celo se mantendrá en agosto pese al aluvión de turistas

Los nueve sindicalistas de SUP, UFP y CEP habían acudido al control fronterizo de Gibraltar la semana pasada para difundir la huelga de celo que llevan a cabo por sus reclamaciones salariales. Según denunciaron, protagonizaron "una detención ilegal" durante 40 minutos en la que no interrumpieron el tráfico. Tras denunciar ante el juzgado de guardia dicha retención, la Dirección General de la Policía les suspendió de empleo y sueldo de manera cautelar. Los expedientes disciplinarios argumentaron que los hechos imputados eran "de extrema gravedad" al implicar "una conducta que daña la dignidad, prestigio y credibilidad del cuerpo policial".

La batalla Gobierno-sindicatos aumenta de grados con el verano. La huelga de celo se recrudecerá en agosto debido al aluvión de turistas. A pesar de que en un principio se había previsto una tregua, el parón se mantendrá y los agentes no harán servicios extraordinarios, necesarios para unas plantillas con déficit de agentes.

Los sindicatos consideran la sanción "un atentado a los derechos fundamentales", especialmente el derecho a la libertad sindical. "El Ministerio nos trata como delincuentes. La suspensión de empleo y sueldo sólo está pensada para la comisión de delitos y aquí se utiliza como escarmiento para que no volvamos a pedir la equiparación retributiva que el Gobierno se niega a cumplir", resumía un comunicado.

La huelga de celo por la que cada miércoles y jueves de julio los agentes de todo el país trabajan a medio gas y se limitan a cumplir el reglamento de manera estricta, ha conllevado una considerable reducción de la habitual cifra de detenidos. Esta protesta busca una equiparación salarial con los agentes de las policías autonómicas y locales, ya que estiman que estos últimos perciben en torno a 800 euros más al mes. "No vamos a admitir que estas suspensiones sean moneda de cambio. Preferimos continuar suspendidos antes que frenar nuestras reclamaciones, ya que hace tres meses el Gobierno reconoció las reclamaciones de los funcionarios de Justicia", explicó ayer Víctor Duque, de la Unión Federal de Policía (UFP).

Por su parte, el Ministerio del Interior evitó ayer pronunciarse sobre los expedientes disciplinarios. El Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, inaugura hoy la nueva comisaría de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se solidarizó con la protesta policial: "Condenamos de forma rotunda las suspensiones desproporcionadas por hacer uso del derecho a la libertad sindical", afirmó su secretario nacional, Juan Antonio Delgado.