Aguirre destituye al autor del registro a subordinados de Prada

Esperanza Aguirre bendijo ayer oficialmente el cese del autor del registro del despacho de los responsables de seguridad de Campus de la Justicia. El registro se produjo el mismo día en que fue relevado Alfredo Prada como responsable de la consejería en la que se englobaba dicha entidad.

De este modo, Sergio Gamón dejó ayer de ser director de Seguridad del Gobierno madrileño. El pretexto fue que su dirección se refundía con otra por el plan de ahorro. Sin embargo, Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior, consideró que su actuación había significado un escándalo y una afrenta al ex consejero Prada.

Un escándalo que ha salpicado a Granados, máximo jefe de Gamón cuando irrumpió para bloquear el despacho del Campus de la Justicia, pero cuyo peso en tal decisión es relativizada por dos hechos. Uno, la orden se la dio su viceconsejero, Alejandro Hallfter, vinculado al vicepresidente Ignacio González, como reconoció Gamón. Y dos, Granados desautorizó cómo se produjeron los hechos. Los autores del registro aseguraron a funcionarios testigos de su acción que iban buscando un informe sobre el patrimonio oculto de un alto cargo de Aguirre. Y tal cargo no era Granados.Fuera lo que fuera, lo que resulta inconcebible, tanto a ojos de los funcionarios víctimas del atropello como de los portavoces de la oposición, es que buscaran contratos de seguridad suscritos por el Campus de la Justicia.

La lógica de los funcionarios de dicha sociedad pública es aplastante: "Todos los contratos del Campus de la Justicia están bajo control y conocimiento del Consejo de Gobierno, y no hace falta que vengan a buscarlos así, bloqueando despachos, registrando y requisando papeles, ordenadores y coches... Buscaban algo que no era un contrato nuestro. Buscaban un dossier y no lo hallaron. Estuvieron una semana vigilando el despacho en balde. ¿Así se busca un contrato público? ¿Así se piden datos sobre la gestión tras ser relevado un consejero por otro? No, lo que venían buscando era algo que temían".

En el entorno de Granados se ha desmentido que tal incursión buscara evidencias de irregularidades de Prada. "No tenemos ninguna sospecha sobre su labor, pero si la tuviéramos, no enviaríamos nunca un pelotón de geos para investigarla".

Los registrados aseguran que buscaban un informe sobre el patrimonio oculto de un alto cargo de Aguirre. Esta hipótesis no se descarta en fuentes del propio Ejecutivo de Aguirre consultadas por este diario.

Pero el cese no cierra este remedo madrileño de Watergate. La Fiscalía tiene una denuncia de un directivo del Campus de la Justicia que asegura que, a raíz del registro, le fue hurtado su ordenador, da testigos de la invasión de Gamón y pide que se aporten las imágenes grabadas en las videocámaras de seguridad del edificio.

Tales grabaciones, si finalmente las reclama la Fiscalía, pueden aportar datos sobre quiénes irrumpieron en la sede del Campus de la Justicia, a qué hora, qué llevaban cuando entraron y salieron, y cuándo franquearon la puerta de salida.