Madrid reclama a Solbes una porción mayor de los impuestos

Madrid acudirá con un decálogo de mínimos a negociar la financiación autonómica con el vicepresidente económico, Pedro Solbes. El Gobierno de Aguirre aprobó ayer un documento de trabajo en el que, en líneas generales, viene a exigir que se cumpla la actual Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que establece que el modelo de reparto se acuerde con el consenso de las autonomías en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Este sistema varió con la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, en la legislatura pasada, que estableció en una negociación bilateral con la Generalitat la financiación específica de esta comunidad, así como la inversión en infraestructuras.

En el decálogo, el Ejecutivo de Aguirre reclama también ampliar el porcentaje destinado a "todas las comunidades" en el tramo autonómico del impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF), del impuesto del valor añadido (IVA) y de los impuestos especiales vigentes. En la actualidad, el tramo autonómico destina a cada comunidad entre el 33 y el 40% en dichos tributos. El documento no fija hasta dónde debería llegar esta cesión, aunque el vicepresidente regional aclaró que, en algunos casos, estarían dispuestos a negociar llegar al 50%.

"El principio de solidaridad que establece la Constitución española lleva a interpretar que un Estatuto de Autonomía no puede establecer ningún privilegio económico o social de una comunidad autónoma sobre otras", afirmó el vicepresidente regional, Ignacio González. En este sentido, la propuesta de Madrid también rechaza la creación de una Agencia Tributaria en cada autonomía. "Generaría descoordinación", precisó.

Otro de los caballos de batalla será, en palabras de González, la defensa del "principio de lealtad institucional". Según explicó, cada vez que se amplíen las competencias autonómicas el Estado deberá acompañarlas de una dotación económica. "En caso contrario, tenemos que retraer recursos de otros servicios", puntualizó. Pero no ofreció un cálculo del dinero que exigirán al Gobierno central. "No tenemos una cifra concreta. Pero necesitamos un modelo que garantice la suficiencia financiera", puntualizó. Sólo los servicios sanitarios, agregó, suponen un gasto de entre 600 y 800 millones.

Además, González recalcó que, en la actualidad, la financiación por habitante es muy diferente entre comunidades. En realidad, porque se tienen en cuenta otros factores además de la población, como es la dispersión de los habitantes. La Consejería de Hacienda ofreció ayer el cálculo estimado en 2005, donde Madrid recibió 1.748 euros por habitante, por debajo de la media: 2.014 euros. Entre la región que más percibe, Extremadura (2.504), y la que menos, Baleares (1.671), hay una diferencia del 50%. Esta distancia es la que Madrid quiere que se reduzca.