Captura internacional para los estafadores de Salvaterra

Hace apenas un mes que José Manuel González Grandal, Josiño, y José Carlos Barros Romero, ambos de Salvaterra, huyeron a Suramérica después de hacerse con un suculento botín (unos cuatro millones de euros) obtenido con la venta de pisos y locales comerciales que sólo existían sobre planos y documentos falsos.

Enumerar a todas sus víctimas y evaluar el fraude será una ardua tarea para la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ponteareas que en un auto señala que "el número de afectados de los que se tiene noticia, unos 30, continúa incrementándose conforme van teniendo noticias de los hechos".

La jueza Almudena Martínez decretó orden internacional de búsqueda y captura contra González Grandal y Barros Romero, una orden que también hizo extensiva a sus respectivas compañeras sentimentales, la colombiana Diana María López Carmona y la brasileña Shirley Aparecida Silva Leite. Según la investigación, ambas han sido cómplices no sólo en la recaudación del dinero obtenido a través de las estafas sino dando cobertura a ambos para facilitar su huida.

La jueza también ordenó la entrada y registro de un local comercial que utilizaba José Manuel González como base de sus actividades delictivas, situado en el entresuelo del edificio número 12 de la calle Manolo Martínez de Vigo. Una autorización que había solicitado la Policía Judicial de la Guardia Civil, que investiga el caso, como una de las pistas abiertas para averiguar el paradero de los presuntos estafadores a través de documentos y soportes informáticos después de que varios denunciantes declararan que en este piso se formalizaron y suscribieron contratos y se efectuaron entregas de dinero.

Para ampliar la búsqueda, la jueza también ha requerido a Caixanova un informe de todas las cuentas y movimientos, valores, fondos de inversión, depósitos bancarios o alquiler de cajas de seguridad que pudieran relacionar a los dos fugitivos y sus compañeras sentimentales.

Los falsos gestores inmobiliarios comenzaron a ejecutar las estafas desde 2006, según autos judiciales. Vendieron un elevado número de pisos, aún no determinado, propiedad de entidades mercantiles, haciéndose pasar por sus representantes o administradores. Mediante falsos contratos de reserva de los inmuebles, los timadores recibían a cambio una cantidad de dinero en efectivo que oscilaba entre los 6.000 y los 30.000 euros.

El cuatro de junio, González Grandal y su novia colombiana abandonaron apresuradamente el domicilio de la pareja situado en el número 72 de la calle Torrecedeira, de Vigo, trasladando los muebles a la casa de un familiar en Salvaterra. Diana María López también echó la llave en el local que regentaba en el centro comercial de la Plaza Elíptica. Con las maletas en el coche, horas antes darse a la fuga, González Grandal, acompañado de su novia, asistió a la primera comunión de una sobrina. Su socio ya había escapado una semana antes.