La desidia de La Vila y del Consell beneficia al Atrium en 12 millones

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa y el Consell, ambas instituciones en manos del PP, dispusieron de un plazo de tres años para activar el expediente por infracción urbanística por exceso de obra al promotor del hotel Atrium Beach que incluía una multa de 12 millones de euros, y no lo hicieron.

La resolución del primer y único expediente, abierto el 31 de marzo de 2004, fue comunicada fuera del plazo legal de seis meses. Este dato ha llevado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a dar la razón a la promotora del complejo levantado en primera línea de la Cala de La Vila, Hotel Luna, SA, por defectos de forma. El TSJ ha declarado nula la sanción.

La multa prescribió en septiembre de 2007 y ya no se puede cobrar

El PSPV resalta la "inestimable ayuda" del PP en la victoria judicial del Atrium

El Consell notificó al promotor la resolución de la sanción 16 días después de que finalizara el plazo, cuando el expediente ya había caducado. El entonces consejero de Territorio, Rafael Blasco, la calificó como una "sanción ejemplar" sobre el urbanismo salvaje. Pero nunca se iba a cobrar. Ni la notificación estaba en plazo ni la Administración intentaría corregir en los tres años siguientes el error.

Las infracciones urbanísticas tienen una vigencia de cuatro años, un plazo transcurrido el cual prescriben y ya no se puede actuar legalmente. Durante ese periodo se pueden abrir tantos expedientes sancionadores como sea necesario. Estos tienen validez durante seis meses, transcurridos los cuales -como ocurrió en este caso- caducan y deben iniciarse de nuevo. La sentencia del TSJ recoge que la Administración sancionadora, el Consell, argumentó en el proceso que "no disponía del expediente (...) por haberse tramitado por el Ayuntamiento", lo que no justifica, a juicio del TSJ, su validez.

El exceso de obra (53.000 metros cuadrados) del Atrium se destapó en septiembre de 2003, a raíz de dos accidentes laborales que costaron la vida a tres albañiles. Por tanto, la infracción urbanística prescribió en septiembre de 2007, es decir, cuatro años después. Sin que el Ayuntamiento actuara de nuevo, dando por válido el proceso ahora anulado.El artífice de aquella "sanción ejemplar" al urbanismo salvaje, el entonces consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, rechazó ayer cualquier responsabilidad por la falta de diligencia para aplicar la sanción y responsabilizó al Ayuntamiento de La Vila, gobernado por el PP, y a sus sucesores en el departamento, de no culminar su obra. Un portavoz oficial de la Consejería de Inmigración -de la que es responsable en la actualidad Blasco- explicó que "fuimos nosotros quienes tomamos la decisión de sancionar a la empresa, y la llevamos incluso al pleno del Consell, que la aprobó a instancias nuestras". La tramitación "debió competer al Ayuntamiento, que no lo hizo correctamente", señaló este portavoz de Blasco. Sobre los tres años en los que se pudo instar desde la consejería a abrir un nuevo expediente, indicó: "Nosotros pasamos a Sanidad [en mayo de 2006] y vino un nuevo responsable al departamento [Estaban González Pons]".

Por el contrario, el portavoz socialista en materia de Medio Ambiente, Francesc Signes, explicó que "la absolución del Atrium no hubiera sido posible sin la inestimable ayuda del Consell", en referencia al hecho de que la consejería, aseguró, "eludió realizar los trámites necesarios para que no caducaran las sanciones impuestas al Hotel Atrium". Para Signes, el Atrium es "el ejemplo perfecto de la sumisión del Consell a los intereses urbanísticos".

El alcalde de La Vila, el socialista Gaspar Lloret, declinó ayer hacer declaraciones. El concejal de Urbanismo, Vicent Serra, del Bloc, culpó al PP de la "dejadez y mala gestión". "Vendió humo en toda la comunidad cuando puso al Atrium como ejemplo de que los infractores pagarían", señaló. Desde 2004 y hasta las elecciones municipales de 2007, los partidos de la oposición en el Consistorio vilero, hoy integrantes del Gobierno cuatripartito, solicitaron en varias sesiones plenarias información del expediente al instructor del mismo, el entonces edil de Hacienda, Isidro Cantó. Fuentes cercanas al Gobierno cuatripartito explicaron que hoy estudiarán emprender acciones legales contra Cantó. De hecho, fue el edil de Hacienda el que incluyó en los presupuestos de 2005 el ingreso correspondiente a esta sanción, a pesar de que estaba recurrida. El Gobierno del PP se gastó aquel año un dinero que nunca ingresó.

Hotel Luna, SA, interpuso el recurso contra la sanción de 12 millones de euros el 28 de octubre de 2004, es decir, cuando restaban tres años para que la infracción prescribiera. Este recurso, resuelto ahora por el TSJ, no alertó a los dirigentes populares para revisar su gestión, comprobar las fechas e iniciar otro expediente. Contra la resolución del TSJ cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, aunque fuentes municipales se han mostrado pesimistas por las referencias de la sentencia a la jurisprudencia del alto tribunal.