El PP aprueba tres leyes en solitario en el último pleno hasta el otoño

El pleno de las Cortes Valencianas aprobó cuatro leyes en su última sesión antes de las vacaciones. Desde el arranque de la legislatura hasta la jornada de ayer se habían aprobado 12. Pero la repentina voracidad legislativa no vino acompañada de capacidad de diálogo. El PP logró la unanimidad de la Cámara para sacar adelante la ley que recupera y define los usos futuros del Real Monasterio de Santa María de La Valldigna, una norma que responde a un mandato del Estatut d'Autonomia. Pero el grupo mayoritario fue incapaz de sumar apoyos para aprobar las otras tres leyes votadas ayer a pesar de que dos de ellas eran aparentemente inocuas, la de participación ciudadana y la de protección de la infancia y la adolescencia.

El principio de acuerdo con el Grupo Socialista en torno a la primera norma autonómica de España que regula la participación ciudadana en los asuntos de carácter público que corresponde decidir a la Generalitat se quebró a última hora. Nuria Espí, diputada del PSPV, denunció el carácter restrictivo del redactado final de la norma que cercena la implicación real de la ciudadanía en la toma de decisiones más allá de ciertas asociaciones previamente seleccionadas. También lamentó que las entidades representativas apenas puedan definir su posición respecto a grandes asuntos cuando la participación debería ser efectiva para resolver cuestiones cotidianas.

La ley de protección de la infancia y la adolescencia, una "declaración de intenciones" en palabras de la diputada socialista María Dolores Huesca, suscitó un agrio debate por su carácter "arcaico" y "medieval", en palabras de Glòria Marcos.

Uno de los puntos más conflictivos de la norma es que alude a la protección de las madres gestantes, un intento de proteger a los no nacidos que tanto Huesca como Marcos denunciaron que escapa a la intención de la ley.

Menos inocua es la nueva redacción de la ley de fundaciones, una norma que abre la puerta a las entidades sin ánimo de lucro "actividades mercantiles y complementarias", pero que no introduce ninguna cautela en torno a la transparencia en la gestión de fondos, ni siquiera para las fundaciones que se nutren de fondos públicos de la Generalitat.